Pequeños comerciantes afirman que el pago de la renta es una presión financiera que no pueden cumplir por los bajos niveles de ventas y proponen que intervenga la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) para ampliar los convenios realizados y otorgar certidumbre a los arrendadores y arrendatarios.
El Consejo Nacional para el Desarrollo del Pequeño Comercio en un sondeo realizado entre 220 empresas familiares con plantilla laboral de 2 a 50 empleados, ubicados en la Ciudad de México, Estado de México (zona oriente), Querétaro, Puebla, Hidalgo y Guanajuato, reveló que los bajos niveles de ventas y el pago de la renta son dos de las principales presiones que aquejan a giros del pequeño comercio.
El 49 por ciento de los participantes manifestó que renta el espacio en donde tiene su negocio, un 38 por ciento dijo que son propias, 11 por ciento señaló que tiene propias y rentadas y 2 por ciento otras.
Los comerciantes dijeron que las presiones para cerrar su establecimiento se ubica en un 93 por ciento que las bajas ventas, 74 por ciento por pago de rentas, 63 por ciento por adeudo con proveedores y servicios, 46 por ciento por inspecciones, 38 por ciento por salarios de empleados y 29 por ciento por inseguridad y robos.
Del total de quienes rentan, el 89 por ciento aseguran que tienen dificultades para ponerse al corriente en el pago de la renta, pese a haber hecho convenios o lograr descuentos que en algunos casos han alcanzado el 50 por ciento del total en un mes.
De los que rentan, sólo el 11 por ciento dice estar al corriente en el pago de sus rentas, siendo estas en su mayoría menores a los 5 mil pesos al mes.
La gran mayoría de los dueños de negocios que rentan un local piden la ampliación de plazos que les permitan pagar los meses atrasados de acuerdo al incremento de ventas, ya sus establecimientos eran solventes antes de que fueran afectados por la pandemia del Covid-19.
“Nuestros consultores jurídicos señalan que urge establecer un plan integral para la recuperación económica a nivel federal, en coordinación con los estados y municipios que incluyan entre otras, las siguientes alternativas: financiamiento tanto para los arrendatarios como para los arrendadores; cuando la arrendadora sea una empresa, que la negociación del contrato se haga con intervención de la Profeco; que el Colegio de Corredores Públicos genere él o los convenios modificatorios que pueden firmar arrendadores y arrendatarios para dar certeza de que las relaciones comerciales se pueden mantener mientras pasa la crisis y se ofrezca seguridad jurídica y financiera a ambas partes”.
Los sectores consultados entre los cuales se encuentran abarrotes, papelerías, estéticas, sastrerías, relleno de agua, verdulerías, hoteles, taquerías, farmacias, restaurantes y refaccionarias, entre otros se manifiestan en casi el 50 por ciento a favor de mantener abierto su negocio, mientras que 2 de cada 10 decidieron ya no reiniciar actividades y 3 de cada 10 aún no toma una determinación y se encuentra a la expectativa de cómo se desarrolle la economía.