Para evitar una recuperación económica “mediocre” en la segunda mitad del año se requiere de un programa más amplio y ambicioso al que ha manifestado el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo la iniciativa privada.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) apuntó que el entorno económico era complicado desde el cierre de 2019, con problemas en los frentes de la inversión, el crecimiento y el empleo, relacionados con mensajes de política económica confusos de las autoridades y el debilitamiento de la demanda agregada nacional.
Además, ahora se integra la “sumamente reducida y tibia disposición del gobierno federal para mitigar los efectos económicos ocasionados por la presencia del Covid-19”.
Se prevé, indicó el CEESP, que para la segunda mitad del año, o una vez que los efectos del Covid-9 desaparezcan, la economía muestre una recuperación paulatina, si no hay una intervención decidida de las autoridades que realmente faciliten la inversión privada, el crecimiento y el empleo, es de esperarse que la recuperación sea mediocre.
“La tragedia económica que se avecina representa también una valiosa oportunidad para dar un golpe de timón y corregir el rumbo, en un nuevo contexto que nadie había anticipado, hacia una política económica en favor de la inversión y el empleo productivos”, señaló el sector privado.
El gobierno federal sostiene que cuenta con los recursos suficientes para mantener sin cambio sus programas insignia, como la construcción del aeropuerto de Santa Lucia, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y todos los programas sociales que se prometieron.
Asimismo, dice que puede para ampliar ligeramente la ayuda a microempresas mediante créditos a la palabra, puede contar con fuentes de recursos no recurrentes, aunque su asignación no sea la más efectiva, enfatizó el sector privado.
Hasta ahora, el gobierno ha señalado que cuenta con 158 mil millones de pesos (mmp) provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingreso Presupuestarios (FEIP) que prácticamente tiene contemplado utilizar.
Otra fuente de recursos que ya anticipa el gobierno federal es el remanente de operación del Banco de México (Banxico) que se generará como resultado del efecto de la depreciación cambiaria en los activos internacionales del banco central.
En su búsqueda de recursos adicionales, el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda ha sugerido cambiar la definición de la deuda pública de deuda neta a deuda bruta, a fin de utilizar recursos de las disponibilidades del gobierno sin impactar la cifra de ésta última.
Ya se señaló anteriormente en este espacio que esto parece más bien un maquillaje contable que no tendrá impacto ya que los analistas de deuda lo entenderían claramente y asumirían el aumento de la deuda (neta).
Recientemente se anunció la desaparición de fideicomisos del gobierno bajo el argumento, de que esto liberaría recursos por alrededor de 700 mmp.
Presumiblemente, estos recursos se liberarían para su uso por parte del gobierno, nuevamente, sin impactar la deuda (bruta). Sin embargo, al deducir de esa cifra el mismo FEIP y otros fideicomisos que sí tienen usos justificados -como de administración de pensiones por ejemplo- quedarían alrededor de 120 mil mdp.
“Independientemente de las cifras exactas de la utilización de los recursos de las distintas fuentes señaladas, lo importante es que en todos los casos siempre implican una reducción de la posición financiera real del estado, vía mayor deuda o menores disponibilidades”, destacó el CEESP.
Lo verdaderamente importante en este momento es que el país cuente con un plan claro para enfrentar los efectos económicos de la epidemia, que pueden ser devastadores, acentuó el sector privado.
El CEESP insistió nuevamente en que se requiere un plan que convenza a los mercados y las mismas calificadoras.
Se necesita un “plan claro y certero de cómo recobrar la sostenibilidad de la deuda”.
Reiteró que por ahora, es importante y urgente fortalecer la liquidez de empresas y personas si se quiere moderar el daño al empleo, y al mismo tiempo preparar el ambiente para un bienestar social mayor y una recuperación pronta y sostenida.
Se debe entender que en circunstancias como las de hoy, la política fiscal es clave, tanto para salvar vidas a través de dotar de recursos suficientes al sistema de salud para enfrentar la crisis sanitaria y subsidiar a quienes no tienen otra fuente de ingresos.
“El gobierno federal debe considerar la posibilidad inmediata de instrumentar medidas como diferimientos de pago y entero de impuestos y de contribuciones a la seguridad social de las empresas, además de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades fiscales mediante las devoluciones completas y puntuales del impuesto sobre el valor agregado, entre otras acciones”.
Estas acciones apoyarían la la liquidez durante el tiempo que dure esta coyuntura que permitiría mantener el empleo y la existencia misma de miles de empresas.
“Para lograr lo anterior, se estima que el gobierno podría incrementar la deuda publica hasta en 4 puntos porcentuales del producto. Sería necesario, contar con un plan creíble, un compromiso, que asegure la sostenibilidad de la deuda una vez pasada esta crisis. Pero, sin duda, este gobierno cuenta con el prestigio necesario en el ámbito fiscal para darle credibilidad a dicho compromiso”, enfatizó el CEESP.
La reacción del gobierno federal debe ser rápida y contundente si se quiere tener una recuperación pronta y sólida de la actividad económica y proteger el bienestar de los hogares, concluyó el CEESP.