El avance en contra de la corrupción en los trámites se reflejó en una disminución de las “mordidas” del 50 por ciento, pero en los gobiernos locales crecen los nuevos trámites ante los recortes presupuestales, señaló el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) apuntó que una de las principales condiciones para la creación de nuevas empresas es un marco regulatorio eficiente en cuanto a costo y tiempo.
Señaló que recientemente el Inegi dio a conocer los resultados de la segunda edición de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) en el que se mostraron los avances y retrocesos en comparación a su primera edición de 2016.
Consideró que uno de los aspectos positivos más relevantes está la reducción en el porcentaje de empresas que reportó actos de corrupción frecuentes entre los servidores públicos, al pasar de 82.2 por ciento en 2016 a 71.5 por ciento en 2020.
“Otra buena noticia es que, a nivel nacional, los costos promedio para las empresas de incurrir en actos de corrupción se estimaron en 7 mil 419 pesos en 2020, una reducción sustancial respecto al dato de 2016, que era de 14 mil 535 pesos”.
centro de estudios económicos del sector privado
El CEESP indicó que aunque las autoridades afirman que se ha tenido importantes avances en materia del combate a la corrupción, la verdad es que en México persisten altos niveles de corrupción en la cotidianeidad, lo que limita un buen entorno de negocios, particularmente para las mipymes, e inhiben la inversión.
Aunque los resultados de la ENCRIGE indican que el porcentaje de unidades económicas que consideran frecuentes los actos de corrupción entre los servidores públicos se redujo, las unidades económicas que reportan actos de corrupción frecuentes por parte de servidores públicos son casi las tres cuartas partes de las encuestadas.
Las principales manifestaciones de la corrupción están los pagos para agilizar trámites y evitar multas o sanciones o la clausura del establecimiento.
“Preocupa que la percepción de corrupción es particularmente alta en la Ciudad de México, así como en otras zonas de fuerte actividad económica o fuerte potencial como Mexicali, Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo y San Luis Potosí”.
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Por otra parte, el CEESP calificó de positivo que las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio se redujeron para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), aunque aumentó para las de mayor tamaño.
Sin embargo, los aspectos preocupantes son las regulaciones que se mantienen como uno de los principales obstáculos para lograr sus objetivos, ya que el 28.2 por ciento del total de las unidades económicas consideró el marco regulatorio existente como un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios, porcentaje que supera el 20.2 por ciento reportado en la primera edición de la encuesta en 2016.
Se informó que en 2020 los costos monetarios para el cumplimiento de las regulaciones ascendieron a 238 mil millones de pesos (mmp), cifra equivalente a 1 punto del PIB, mientras que en 2016 los costos sumaron 115.7 mil mdp y representaron 0.56 por ciento del PIB.
Se estima que las unidades económicas del sector privado realizaron 79.9 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicio ante autoridades municipales, estatales o federales durante 2020, 3.4 millones más trámites respecto al año 2016.
Los resultados del 2020 reportaron un promedio de 20.1 trámites por unidad económica en el año, mientras que en 2016 el promedio fue 19.5.
“Una hipótesis de estos resultados basada en evidencia anecdótica es que las autoridades locales crean trámites para obtener recursos ante presuntos recortes presupuestales, lo que inhibe la creación de nuevos negocios y reduce la competitividad del país, sobre todo en el mediano y largo plazos”.
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La encuesta también señaló que solo 6.9 por ciento del total del total de unidades económicas del sector privado en 2020 tuvieron conocimiento o hicieron uso del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
“Además, prácticamente no existen SAREs certificados por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) que garanticen un proceso sencillo y ágil en la mayoría de las entidades federativas y municipios del país”.
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El CEESP enfatizó que en estos momentos es urgente que la Conamer y la Secretaría de Economía promuevan activamente ese instrumento
No hay duda de que un marco regulatorio eficiente, que agilice los trámites y evite costos innecesarios a las empresas y ciudadanos es un requisito para la atracción de flujos de capital privado al sector productivo, concluyó el CEESP.