Las autoridades tributarias interpondrán 43 querellas en contra de factureras y enviarán unas 8 mil cartas invitación para que se regularicen los compradores de facturas para simular operaciones y disminuir o o pagar impuestos por más de 55 mil millones de pesos (mdp), informaron en la conferencia mañanera del Presidente de la República.
El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, en su intervención especificó que en el 2010 comenzó la operación de empresas dedicadas a la venta de facturas con el propósito de disminuir o no pagar el impuesto con operaciones simuladas.
«El día de hoy se estarán presentando 7 querellas contra los grupos principales de estas factureras para tratar de cuadrdar dos delitos: defraudación fiscal, y otro es lavado de dinero, para tratar de equiparar a delincuencia organizada», especificó Romero Aranda.
El primer mandatario apuntó que se enviarán alrededor de 8 mil cartas invitación al buzón tributario para que regularicen su contabilidad a quienes utilizaron los CFDI para simular operaciones.
«Se les va a dar 3 meses para que cumplan y se regularicen, si en estos 3 meses no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentará las querellas contra el que compró las facturas o el que se vio beneficiado o el que recibió el dinero por asimilable a salarios porque se presume que si hay un contubernio que hay un acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió», enfatizó el procurador fiscal.
El perjuicio que persiguen las querellas es de 55 mil 125 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2017 y dejaron de pagar la retención de nómina por 19 mil 146 mdp, espcificó la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.
Las sanciones por defraudación fiscal se tienen hasta 9 años de prisión, 16 años de prisión y decomiso de bienes en delincuencia organizada y prisión preventiva oficiosa y pena de 13.5 años, puntualizó el procurador fiscal.
«Aquí es donde vemos realmente el cambio verdadero en la parte fiscal, han habido decisiones que ha tomado el señor Presidente de la República que permiten que haya un antes y un después. La primera acción fue la eliminación de la compensación universal, la segunda decisión fue poner en la Constitución que no se permite la condonación de contribuciones y la tercera reforma estructural fue la reforma contra factureras para que a partir de 2020 se equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada», destacó el procurador fiscal.
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, señaló que la venta de facturas para operaciones simuladas han migrado a la parte de servicios.
Se detectó que en la parte de intangibles los servicios profesionales y técnicos lideran la categoría con un 61 por ciento, le siguen los servicios de apoyo a los negocios y manejo de derechos y remediación con 19 por ciento y con 7 por ciento, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e inmuebles y mismo porcentaje para otros servicios, excepto gobierno.
Las empresas factureras venden sus servicios a despachos jurídicos y contables, asesores jurídicos y contables, socios comerciales y partes relacionadas de los corporativos.
La jefa del SAT apuntó que se realizará un ejercicio similar en 8 mil 212 empresas relacionadas para 2018 y 2019 porque es muy común que las empresas que utilizaron este esquema se mantuviera vigente para aumentar los beneficios económicos propios en perjuicio del erario.