Para reforzar el combate a la corrupción en las aduanas se propone en la Comisión Permanente que la inscripción de empresas certificadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sea más rigurosa y más sencilla su cancelación en el padrón.
La senadora del Partido del Trabajo (PT) Geovanna Bañuelos de la Torre, propuso modificar los Artículos 100-A y 110-C de la Ley Aduanera para la obtención de la certificación para fortalecer la regulación de las empresas certificadas y evitar que incurran en actos de corrupción.
Al fundamentar la iniciativa, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) aclaró que las Empresas Certificadas son empresas constituidas legalmente ante el SAT y tienen derecho a facilidades administrativas para el despacho aduanero de las mercancías y la rectificación de los pedimentos, así como para regularizar mercancías mediante la importación definitiva.
«El combate a la corrupción, es una de las principales premisas y ejes rectores de la Cuarta Transformación y de los postulados del Partido del Trabajo. El cambio en nuestro país debe partir con la profunda erradicación de este lastre para lo cual, se requiere del diseño de nuevas políticas, nuevas leyes y nueva cultura cívica», afirmó.
Bañuelos de la Torre propuso blindar los requisitos para que el autorice su inscripción en el registro de empresas certificadas.
El documento presentado a la Comisión Permanente, plantea que para la obtención del registro, ninguno de sus integrantes debe contar con antecedentes penales ni tener antecedentes administrativos por irregularidades graves en la importación o exportación de mercancías.
Asimismo, se establece que el SAT puede cancelar en cualquier momento la autorización de inscripción en el registro de empresas certificadas por incurrir en alguna de las causales que establece la Ley Aduanera.
En ningún caso procederá la renovación de la inscripción o la autorización de una nueva inscripción, cuando a la empresa se le hubiera cancelado su autorización para estar inscrita en el registro de empresas certificadas dentro de los diez años anteriores.
Además, cuando la cancelación del registro sea a causa de la comisión de algún delito o por irregularidades graves que atenten contra el patrimonio y seguridad del Estado, en ningún caso procederá la renovación de la inscripción o la autorización de una nueva inscripción.
De acuerdo con información del Administrador General de Aduanas, más de 3 mil empresas certificadas o empresas aduaneras, son investigadas por irregularidades en el tráfico de mercancías.
El SAT a Mayo de este año cuenta con 3 mil 607 empresas certificadas para un tratamiento diferenciado en las devoluciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La legisladora por Zacatecas destacó que, por desgracia, las aduanas son entrada y salida de armas, drogas y una gran variedad de productos ilegales como cigarros y alcohol, sin los estándares adecuados y productos con etiquetado falso.
«Y en el caso de las empresas certificadas, muchas de ellas en los últimos años han sido utilizadas para cometer diversos tipos de delitos», enfatizó.
En 2019 se recibieron un total de 6.8 millones de pedimentos de importación, cifra mayor en 22 mil 207 pedimentos con respecto del año anterior, lo que implicó un crecimiento de 0.3 por ciento anual.
En materia de exportación se presentaron 2.6 millones de pedimentos, aumentaron 0.9% en comparación a 2018, es decir, 22 mil 52 pedimentos más.
La recaudación proveniente de operaciones de comercio exterior en 2019 se ubicó en 974 mil 58 millones de pesos, mostró un decremento de 1.0 por ciento real con respecto al año anterior, derivado, principalmente, de la contracción del IVA en 33 mil 793 millones de pesos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y posterior dictaminación.