La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados con carácter de preferente atenta contra la inversión e incumple su promesa de no modificar el marco jurídico energético en los primeros tres años de su periodo, señaló la cúpula empresarial.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que al ser aprobada la propuesta presidencial se tendrá un incremento en el precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos, y un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia”.
La iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica.
Además, rompe la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.
El cambio legislativo abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de un potencial de violar lo establecido en la Constitución.
La iniciativa atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París.
La modificación generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.
La propuesta viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular y se tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.
Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos y va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano.
El CCE y los organismos que lo integran, exhortan al poder legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México al provocar una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica.