El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentó 18 reformas constitucionales y 2 legales a la Cámara de Diputados, entre las que destacó el fondo de pensiones que comenzará con un “fondo semilla”, que el salario mínimo deberá incrementarse en por lo menos el monto de la inflación, la eliminación de algunos Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA´s), la persecución de factureros y extorsionadores, mayor austeridad en el gobierno, entre otros aspectos.
En el recinto parlamentario de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal, explicó que el “fondo semilla” estará en la reforma constitucional que se envió al Poder Legislativo e iniciará con 64 mil 619 millones de pesos; los recursos aumentarán gradualmente que podrá nutrirse de las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación aplicable.
El proyecto de decreto para eliminar Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Se expuso en que desde su creación los OCA´s han tenido un presupuesto 32 mil 313 millones de pesos desde su inicio de operaciones. Además, indicó que el decreto entrará en vigor una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituya el Fondo de Pensiones para el Bienestar y sus efectos aplicarán para aquellas personas trabajadoras que se pensionen con posterioridad a esta fecha del fondo de pensiones para el Bienestar.
Las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1° de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley.
El salario a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 123 de esta Constitución es de 16 mil 777 pesos con 68 centavos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social actualizado por la inflación estimada para el año 2024.
En la cuestión de austeridad señaló que al cierre de 2023, a nivel federal, 2 mil 559 personas servidoras públicas percibieron salarios cuyo monto excede el del Presidente de la República, de los que 2 mil 377 pertenecen al Poder Judicial de la Federación y 182 de 4 organismos constitucionales autónomos: 24 de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), 25 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (FT), 128 del Instituto Nacional Electoral (INE) y 5 de Banco de México (Banxico).
Tan solo en 2023, el excedente respecto del monto del salario del titular del Ejecutivo Federal suma 2 mil 264 millones 470 mil 727 pesos, de los que 2 mil 167 millones 352 mil 603 pesos provienen de integrantes del Poder Judicial de la Federación, y 97 millones 118 mil 124 pesos, de los organismos constitucionales autónomos.
En las cuestiones legales se mencionó que tan sólo en los últimos años el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que, los esquemas de facturación falsa involucran tanto a personas físicas, como a personas morales, y en los ejercicios fiscales del 2017, 2018 y 2019, se facturaron 339 mil mdp.
En el mes de Diciembre de 2023, se tienen identificados públicamente a 10 mil 798 sujetos que en definitiva incurrieron en esquemas de facturación falsa, puntualizó la iniciativa.
Por la persistencia, se propone incluir al catálogo de delitos que merecen la pena de prisión preventiva oficiosa los delitos de defraudación fiscal, contrabando y expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas las facturas, que amparen operaciones simuladas o inexistentes.
Con esta modificación se pretende inhibir, así como prevenir y sancionar la compra y venta de comprobantes fiscales que amparan operacione inexistentes, falsos o simulados, que dañan gravemente y perjudican la Hacienda Pública.
Además, en el paquete de reformas se indicó que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, entregó a la Cámara de Diputados 20 iniciativas: 18 constitucionales y 2 legales.