La regulación que impulsa el gobierno de la Ciudad de México contra la gentrificación debe establecer reglas diferenciadas con la intención de impulsar un marco normativo que no obstaculice a los pequeños propietarios frente a las grandes propietarios y genere incremento en precios, señaló la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).
La organización en México que tiene al frente a Fabiola Peña Ahumada advierte que requisitos excesivos afectan la formalidad y la recuadación fiscal.
Puntualiza que la imposición de techos operativos o límites a la operación como el del 50 por ciento de las noches al año para prestar la actividad de estancia turística eventual no distingue entre anfitriones individuales y desarrolladores inmobiliarios.
Este diseño dificulta el monitoreo regulatorio efectivo de la actividad y propicia la creación de mercados informales y afecta la recaudación fiscal de la capital del país.
Experiencias internacionales
La ALAI indicó que en Nueva York este enfoque restrictivo derivó en aumentos en las tarifas del hospedaje tradicional y en una menor disponibilidad de la oferta de alojamiento temporal, la que migró a un sector no regulado en el que operan al menos 25 operadores digitales informales, sin lograr la reducción del precio de la vivienda.
Además, indica que la zonificación genera desigualdades territoriales y una mayor concentración de visitantes que obstaculizan la descentralización del turismo.
Apuntá que las obligaciones impuestas en la Ley de Turismo generan ventajas artificiales para los grandes operadores tradicionales mientras marginan a miles de anfitriones individuales que usan plataformas digitales para generar ingresos adicionales.
Especifica que se debe instrumentar un marco regulatorio para anfitriones que tienen 1 o 2 inmuebles de los que son grandes grupos inmobiliarios o fondos de inversión, propietarios de centenares de inmuebles.
Ante tal panorama sostiene que una regulación clara y diferenciada no sólo mejora el monitoreo y la trazabilidad operativa, sino que también permite ampliar la base fiscal y fortalecer los ingresos públicos bajo esquemas claros y proporcionales.
La regulación diferenciada permite construir un turismo sostenible, justo y en beneficio de las comunidades receptoras de la actividad turística.
