El Pleno del Senado de la República avaló una reforma para que las cámaras empresariales cuenten con un código de ética que promueva condiciones laborales más competitivas para un desarrollo social y eviten los actos de corrupción.
Se aprobó con 90 votos el dictamen que modifica la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que también busca fomentar una conducta empresarial responsable, incluida la debida diligencia en materia de derechos humanos, así como el ejercicio de la legalidad, para evitar las conductas anticompetitivas a que hace referencia la Ley Federal de Competencia Económica.
documento que fue remitido a la Cámara de Diputados puntualiza que la conducta empresarial responsable se orienta a la prevención de daños y riesgos.
Al presentar la propuesta, el presidente de la Comisión de Economía, Roberto Juan Moya Clemente, aseveró que con este proyecto el Senado refrenda su compromiso para garantizar que las empresas respeten los derechos fundamentales de los consumidores, además de que promuevan condiciones laborales justas y contribuyan al desarrollo social.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, afirmó que las empresas juegan un papel crucial en el desarrollo económico y social de los países; sin embargo, acotó, su influencia puede tener consecuencias negativas si no se manejan de manera ética y responsable.
La senadora de Morena, Maura Hernández Fernández, consideró que la aprobación de esta reforma ofrece la posibilidad de establecer un marco legal que no sólo fomente una conducta empresarial responsable, sino que también contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Además, se aprobó un dictamen que actualiza los nombres de las secretarías del Bienestar, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Ley de Inversión Extranjera.
El proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 y 24 de la Ley de Inversión Extranjera, aprobado con 86 votos a favor, fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Al respecto, el senador Roberto Moya Clemente indicó que cuando las instituciones gubernamentales cambian de nombre y las leyes no reflejan esas modificaciones, se genera un desfase entre la realidad operativa del gobierno y su identificación exacta, por lo que esta reforma es necesaria para dar certeza jurídica.