El gobierno federal deberá reinstalar el Anexo Transversal Anticorrupción para el Presupuesto 2021 para conocer a detalle los recursos que se destinan para su combate, señalaron organismos no gubernamentales.
El IMCO, CCI Laguna, Observatorio Regional Zamora, Gesoc, Aceval, el CPC del Estado de México y CPC de Chihuahua, impulsadas por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, señalaron que se debe reincoporar este instrumento que fue eliminado en el 2019 porque no se tiene una política anticorrupción con métricas sobre su disminución y recursos destinados a su combate.
Ninguna política pública para combatir la corrupción en México tendrá altas probabilidades de éxito si no se le asignan los recursos suficientes para llevarla a cabo, ya que es fundamental saber cuánto se gasta para erradicarla, en qué y con qué efectividad se ejercen dichos recursos, mencionaron.
Las ONGs le solicitan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara de Diputados reinsertar el Anexo Transversal Anticorrupción en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 para saber con precisión cuántos recursos se asignan al combate a la corrupción.
A través de un posicionamiento público, explicaron que en el PEF 2018 se incluyó el Anexo “Recursos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos”.
En ese año se destinaron 10 mil 400 millones de pesos (mdp) al combate a la corrupción. Sin embargo, en 2019 dicho anexo se eliminó y desde entonces se perdió la oportunidad de conocer cuántos recursos se destinan al rubro.
Los expertos indicaron que es fundamental que el Anexo Transversal no dependa de la voluntad política, por lo que recomendaron hacerlo obligatorio e incluirlo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
A pesar de que diversos instrumentos como la Política Nacional Anticorrupción, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, 2019-2024 y el Decreto de PEF 2020 mandatan la fiscalización y el monitoreo de los recursos destinados al combate a la corrupción, existen pocos avances en el tema, destacaron la ONGs.