El sector privado se encuentra preocupado ante la «insuficiente e ineficiente lucha contra la inseguridad» y las legislaciones excesivas contra la defraudación fiscal porque aumentan la incertidumbre y cautela en el ambiente de negocios.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que en México, al igual que en todas las partes del mundo el crecimiento es el principal criterio para la asignación de recursos y generación de empleo.
Destacó que el clima de violencia que se vivió en Culiacán, Sinaloa, y las recientes aprobaciones de para la lucha contra la facturación apócrifa y la defraudación fiscal generan preocupación en el sector privado.
Sobre la inseguridad destacó que “la respuesta del Estado no ha sido suficiente ni eficiente, e incluso ha llegado a ser tolerante. En este sentido, los hechos ocurridos en Culiacán ensombrecen aún más el panorama”.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en al periodo Enero-Agosto el total de delitos aumentó en 5.2 por ciento, respecto al mismo lapso del año pasado.
Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) correspondientes a Septiembre del 2019 muestran una ligera mejora en la percepción sobre la inseguridad, aunque permanecen en niveles muy elevados.
La encuesta indica que el 71.3 por ciento de la población mayor a 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, porcentaje inferior al del trimestre previo que fue de 73.9 por ciento.
“Esto hace indispensable un ambiente de negocios que genere confianza a los inversionistas, a fin de que tomen los riesgos adecuados en busca de los rendimientos correspondientes”, enfatizó el CEESP.
Agregó que aspectos como la inseguridad, la impunidad y la corrupción, entre otros males, inciden gravemente en la vida, la libertad y la salud de los individuos. Pero, también afectan el patrimonio de personas y empresas.
Apuntó que persiste la preocupación acerca de la falta de claridad en las políticas públicas del gobierno. “De ser el caso, ello contribuye negativamente a los ya debilitados niveles de certidumbre. Todo eso finalmente aumenta la cautela de los inversionistas en su toma de decisiones”.
La aprobación de la Ley Contra Delitos Fiscales sin modificación alguna probablemente causará mayor incertidumbre. Naturalmente, el objetivo de perseguir la evasión fiscal y la falsificación de facturas se justifica plenamente.
“Tanto desde el punto de vista recaudatorio como desde la perspectiva del estado de derecho. Pero, como se ha comentado ampliamente en diversos espacios, el equiparar la presunción de estos delitos a la delincuencia organizada y otros que representan una amenaza inminente a la sociedad y al Estado es desproporcionado”.
El CEESP indicó que se ha interpretado que la ley supone que en principio todos los causantes son defraudadores potenciales y que se le da el poder a la Secretaría de Hacienda de ser juez y parte.
Por su parte, en el proceso de análisis de la Ley de Ingresos, que tiene como fecha límite de aprobación por parte del Senado el 30 de Octubre, se analizan diversos ajustes tributarios en temas como la limitación a la deducción de intereses en el ISR, los esquemas de inversiones para fondos de inversión, impuestos a actividades digitales y la actualización de la cuota sobre bebidas saborizadas, entre otros cambios.
En este entorno, se perciben señales positivas, toda vez que el Congreso ha tomado en consideración buena parte de las sugerencias del sector privado en materia fiscal, esperando que el marco tributario que finalmente se apruebe se convierta en un estímulo para mejorar la recaudación.
Sin embargo, también persiste preocupación ante la posibilidad de alguna decisión inesperada, después de lo que pasó con la Ley Contra Delitos Fiscales, lo que podría deteriorar el ambiente de negocios, concluyó el CEESP.