Una decisión a favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ve poco probable en el arbitraje internacional, y sólo genera condiciones poco propicias para lograr el crecimiento que plantea la administración del presidente López Obrador, advirtió el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) explicó que algunas cláusulas contractuales establecen que, si las obras no se concluyen en el tiempo comprometido por causas ajenas a las compañías, de fuerza mayor, pero respecto a las que el contratante pudo haber tomado acciones remediales o mitigantes, éste último, o sea, la CFE debe pagar parte de la tarifa del transporte de gas acordada por el tiempo del retraso.
Agregó que dado el avance de los contratos, se puede intuir que las condiciones se complicarondespués de que las obras comenzaron, entre 2014 y 2016, de tal manera que la combinación de las acciones de grupos políticos, sociales y organismos ambientalistas en contra de estas obras se reflejaron en el retraso de los proyectos.
La responsabilidad de las autoridades recae en la imposibilidad o falta de voluntad para generar un ambiente propicio para los negocios. Un sistema regulatorio eficiente y un sólido estado de derecho que privilegiara las reglas del juego, sin duda habrían contribuido a un mejor desempeño de los proyectos mencionados, enfatizó el CEESP.
“De acuerdo con la experiencia, se puede decir que si las partes se van al arbitraje hay una probabilidad considerable de pérdida para la CFE, dada la predisposición de los procesos a favor de la certidumbre en los contratos. Si ese es el caso, el gobierno acabaría pagando daños a las empresas. Además, se podrían presentar otros procesos legales como sería una controversia inversionista-estado en el marco del TLCAN u otros tratados bilaterales de protección a la inversión suscritos por México”, advirtió el organismo del sector privado.
Además, el CEESP consideró que las acciones de la CFE no corresponden al espíritu del compromiso firmado entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN).
Bajo este contexto el sector privado señaló que si las obras permanecen detenidas y persisten las diferencias, las señales de esta problemática mermarían la confianza de los inversionistas, como consecuencia de la percepción de la falta de certeza jurídica que puede inhibir la inversión, con los consecuentes efectos negativos sobre el crecimiento económico, puntualizó.
El CEESP destacó que “se deben lograr acuerdos para el abastecimiento de combustible y generación eléctrica en la actividad productiva de las diferentes regiones del país, lo que evitaría una mala señal para la inversión productiva que actualmente se requiere para revertir las tendencias decrecientes de la actividad económica del país que reinan actualmente”.
