El ambiente de negocios en México se encuentra invadido por la corrupción y para avanzar en su contra debe contarse con reglas claras y sencillas de cumplir para superar el bajo crecimiento económico y no dañar las inversiones existentes, enfatizó el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destacó que “desafortunadamente, en este sentido, en México la corrupción se ha consolidado como una institución de la mayor relevancia. Vista desde este ángulo, se considera como una de las instituciones que inhibe los negocios y contribuye a la ausencia de estado de derecho».
De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2019, publicado por el World Economic Forum (WEF) en materia de instituciones, México ocupa el lugar 98 de un total de 141 países, destaca la posición 138 en materia de seguridad y la 116 en transparencia como resultado de los niveles de corrupción.
Dentro del desempeño del sector público, en cuanto a la eficiencia del marco legal para resolver disputas, el país se encuentra en la posición 112 y en términos de carga de regulación gubernamental ocupa el lugar 116.
El CEESP enfatizó que una regulación onerosa propicia demoras, incrementa los costos de transacción, reduce la responsabilidad y penaliza a las empresas más pequeñas y a la mayoría de los ciudadanos.
Además, genera incentivos para la corrupción y da lugar a decisiones arbitrarias y dañinas para la economía.
“Una regulación adecuada debe servir para propiciar un buen comportamiento que ayude a la sana interacción política, social y económica, es decir a las instituciones, favoreciendo el desarrollo económico y el bienestar de la población”, enfatizó el sector privado.
Como parte del esfuerzo de contar con una mejor regulación, desde 1998 el CEESP ha evaluado la calidad del marco regulatorio en los estados y principales municipios del país.
“Hasta ahora, los avances son modestos pero importantes, sobre todo tomando en cuenta que las entidades subnacionales no tienen obligación de comprometerse a la reforma regulatoria”, señaló el sector privado.
No obstante, con la aprobación de la Ley General de Mejora Regulatoria en 2018, la cual crea el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, que tiene como objetivo coordinar la política nacional de todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno.
Para conocer el nivel de avance de los estados y municipios en la implementación de la Política de Mejora Regulatoria, el CEESP, a través del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, diseñó un indicador sólido que permite medir el nivel de avance en los gobiernos subnacionales.
Los resultados del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria de 2018 revelan que el promedio estatal de implementación de la mejora regulatoria fue de 43 por ciento, mientras que a nivel municipal el promedio fue de solo 27 por ciento, resultados superiores a los de 2017 cuando fueron de 35 y 21 por ciento, respectivamente.
Resalta que en estos momentos se está llevando a cabo la evaluación del indicador correspondiente al 2019.
El gran reto en los próximos años en la materia es la institucionalización de la política de mejora regulatoria en todos los órdenes de gobierno.
En relación con lo anterior, es esencial que la máxima autoridad en la materia, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), atienda cabalmente estos requisitos de transparencia y máximo beneficio social de las regulaciones.
En noviembre del 2019 se dieron a conocer cambios en las reglas para adquirir Certificados de Energía Limpia (CEL), incluso con carácter retroactivo, que afectarían la inversión realizada en el sector.
Aunque un Juez falló por la nulidad de estos cambios, prevalece el proceso para determinar su validez.
La Conamer, en una interpretación literal del concepto de costos de cumplimiento, exentó del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), que es el mecanismo para evaluar los impactos de las regulaciones, a la propuesta para cambiar las reglas para otorgar los CELs.
Esas modificaciones pueden tener importantes costos económicos para la industria, por lo que el propio Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, en el que participa activamente el CEESP, no está de acuerdo.
Otro caso donde se exentó de llevar a cabo la AIR se presentó en el sector salud, en el que la escasez de medicamentos generada por cambios en las políticas de compras públicas y subejercicios presupuestarios del sector, afectó la capacidad de la industria farmacéutica del país en su producción.
Ante dicha situación se emitió un decreto presidencial que permite la adquisición inmediata de medicamentos en el extranjero, aun sin contar con registro ni control sanitario.
No se tomó en cuenta el daño que esta medida puede representar sobre el sector y el empleo que genera, lo que claramente implica costos económicos elevados, más allá de los riesgos que se corren en perjuicio de la población, advirtió el CEESP.
La Conamer al eximir a la Secretaría de Salud de presentar el AIR correspondiente, implica un serio golpe al sector y a la confianza del organismo regulador.
Las decisiones relativas a los CEL y los medicamentos contrastan con otros casos que juzgamos positivos para la mejora regulatoria.
El pasado 17 de Febrero negó a través de un oficio de improcedencia la solicitud de exención de presentación del AIR para el anteproyecto que modifica las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los términos para permitir la cogeneración y el autoabastecimiento de energía eléctrica.
Dichos términos dañarían la práctica del autoabastecimiento que conviene a las empresas productivas, complementa la generación eléctrica sin costo para las finanzas públicas -siempre y cuando no reciba subsidios injustificados- y es positiva para la economía en su conjunto.
Otra decisión favorable, donde la Conamer no exento la obligación de presentar AIR, fue en el caso de la Norma Oficial Mexicana 51 o NOM 51, la cual se refiere a la nueva regulación para el etiquetado frontal.
El CEESP enfatizó que es fundamental apoyar y fortalecer a la Conamer para evitar que se otorguen exenciones a propuestas de cambios o de nuevas regulaciones que generan costos económicos elevados, concluyó.