La estrategia del gobierno de México de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y sectores vulnerables no debe caer en errores del pasado en el que aumentaron los pasivos del gobierno y disminuyó la recaudación tributaria, afirmó la secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En la presentación del documento ”Las empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación” detalló su titular, Alicia Bárcena Ibarrra, las diferentes medidas que se han implantado en naciones como Argentina y Guatemala para enfrentar los efectos económicos de la pandemia con ingresos de emergencia y fondos de garantía para las empresas.
Especificó que en México el gobierno mexicano instauró una estrategia para apoyar a la base del aparato productivo: las micro, pequeñas y medianas empresas con créditos a 36 meses y 3 meses de gracia porque se prevé una lenta recuperación.
“Hay que evitar los resultados que se tuvieron en el 2008-2009 en donde fue tremendamente duro: mayor desigualdad y concentración de la riqueza. El análisis de esa crisis nos dice que las experiencias son bajaron los impuestos y las contribuciones sociales de las empresas, mientras que crecía la deuda del gobierno central, los dividendos pagados por las empresas crecieron a un ritmo mayor que la remuneración laboral, los activos, las acciones, las participaciones de capital, bienes inmuebles, creció a un ritmo mayor que el PIB, aumentó la pobreza laboral y la mayor parte de los despidos ocurrió en empresas con más de 250 empleados. Los pasivos el gobierno pasaron de 42.5 en 2009 a 68.8 por ciento en 2018 y los impuestos bajaron 8.8 por ciento”, enfatizó Bárcena Ibarra.
Ante esta situación, advirtió que se deben analizar a profundidad los beneficios fiscales para que no terminen como un privilegio, “no debe volver a pasar”, afirmó la mexicana al frente del organismo regional desde 2008.
Bárcena Ibarra señaló que se estima un cierre de 500 mil empresas formales del sector comercial, turístico y manufacturero. Apuntó que se deben impulsar medidas que mantengan el empleo.
Especificó que a partir de Marzo de este año para sostener la estructura productiva y evitar la pérdida de empleos y la destrucción de capacidades en las empresas, los gobiernos anunciaron un conjunto amplio de medidas.
La Cepal ha identificado 351 acciones, agrupadas en seis categorías según sus objetivos: liquidez, crédito, ayuda directa, protección del empleo, apoyo a la producción, y exportaciones.
El detalle sobre todas ellas está disponible en el Observatorio Covid-19, que la Comisión ha implementado al servicio de las necesidades de sus países miembros.
La postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito han sido las acciones más frecuentes para enfrentar la emergencia generada por la crisis actual.
Además, recomendó ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas, cofinanciar la nómina salarial durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades, realizar transferencias directas a los trabajadores independientes y apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.
Especificó que la cofinanciación de la nómina salarial se daría en diferentes proporciones según el tamaño de la empresa, desde 30 por ciento a las grandes hasta 80 por ciento a las microempresas. Se estima que esta medida tendría un costo equivalente a 2,7 por ciento del PIB regional. Por su parte, las contribuciones en efectivo a 15 millones de trabajadores costarían 0,8 por ciento del PIB.
Finalmente, Bárcena Ibarra señaló que se considere la postergación o cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales del 2020, así como la suspensión del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de multas, hasta finales de 2020.