La pandemia sanitaria del Covid-19 requiere de la construcción del un estado de bienestar en el que tome en cuenta ingresos universales, protección del empleo, de los sistema pensionarios para evitar un retroceso de 13 años y cuestiones sociales, afirmó la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal).
La secretaria ejecutiva del organismo regional, Alicia Bárcena Ibarra, especificó que deben tomarse en cuenta los aspectos que limiten el crecimiento de la pobreza y pobreza extrema.
Para acotarla propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Además, en el largo plazo, el organismo reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables para avanzar hacia un ingreso básico universal y asegurar el derecho básico a la sobrevivencia,
Durante la presentación del Informe Especial COVID-19 N⁰ 3, titulado: El desafío social en tiempos del COVID-19, propuso la entrega de un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020, es decir, 215 millones de personas o el 34.7 por ciento de la población regional. Esto implicaría un gasto adicional del 2,1 por ciento del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año”.
El informe agrega que en este escenario de mayor pobreza y desigualdad, amplios estratos de la población de la región viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales y disposición adelantada de recursos de pensiones.
Bárcena Ibarra apuntó que uno los aspectos fundamentales sería la prohibición a los despidos durante la pandemia del Covid-19.
La Cepal estimó que alrededor del 10 por ciento de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema el año pasado, unos 11.8 millones de personas, verán deteriorada su situación económica y caerán en una situación de pobreza extrema. También habrá un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios.
De acuerdo con el reporte, los grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica serían las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas en situación de calle.
Bárcena Ibarra apuntó que se debe construir una protección social efectiva para no caer en un atraso de 13 años en cuestiones sociales y de manera incierta en materia económica, ya que todavía no se conoce los efectos que tendrá en la actividad económica.
A la fecha, en total se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable. Algunas de ellas se inscriben en transferencias monetarias y de alimentos, que alcanzan a 90.5 millones de hogares, es decir, alrededor del 58 por ciento de la población regional.
“Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a través de un nuevo pacto social/fiscal ”, dijo finalmente la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.