El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que apliquen de manera sensata y sin interpretaciones arbitrarias la ley en contra de las factureras y defraudación fiscal.
La cúpula empresarial, encabezada por Carlos Salazar Lomelín, lamentó que la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales por el Legislativo no haya retomado las diversas voces de la sociedad que alertaron sobre las consecuencias negativas que tendrá esta reforma sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva formal en el país.
Especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos advirtieron sobre los impactos negativos, y no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para resolver dichos efectos.
Aunque en la etapa final del proceso, algunos legisladores de distintas fracciones parlamentarias fueron sensibles y promovieron ajustes en este sentido, lamentablemente no transitaron por no lograr los votos suficientes.
El CCE reiteró que apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, sin embargo, como hemos advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de esta minuta generará un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes.
Para invertir, las personas y las empresas necesitan certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación de la autoridad.
“Hacemos un respetuoso exhorto a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos” destacó el CCE.
Agregó que combatir la ilegalidad y la defraudación es un fin loable que comparte, pero es indispensable cuidar que en el camino no se violen garantías individuales ni se dañe el desarrollo económico del país.