Los ahorradores defraudados por Proyecto Coincidir con más mil 400 millones de pesos no han recibido la atención necesaria por parte de la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los más de 350 defraudados por montos que se mencionan de mil 400 millones de pesos no han recibido una atención adecuada de las diferentes autoridades financieras.
Al fecha se tienen presentadas una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado de Querétaro, que contiene la acumulación de 18 denuncias de igual número de afectados, la carpeta de investigación fue abierta por el delito de fraude genérico, donde a la fecha sólo existe la respuesta de la CNBV con la remisión de cuatro carpetas en sobre sellado que contienen información calcificada como confidencial, motivo por el que los denunciantes no han tenido acceso a su contenido, prevaleciendo el estado de indefensión.
Además, informan que a la fecha existen 21 despachos de abogados que iniciaron la tramitación de Juicios Mercantiles Ordinarios sin que hasta el momento se haya pasado de la mera admisión de las demandas en virtud de que como ya se dijo quien fuera Liquidador de Coincidir se negó en contraversión a lo dispuesto por la LGSM de establecer domicilio Legal en el lugar en donde tenga asiento principal la sociedad a liquidar e igualmente a recibir los emplazamientos en su domicilio oficial sito en calle Plateros número 08 ….. de Ciudad de México
Los defraudados informaron que a esta suma de irregularidades se suma en Diciembre de 2018 se comunico a los ahorradores la designación como Liquidador de Proyecto Coincidir S.A. de C.V. S.F.P. a Enrique Estrella Quintero, quién hasta el mes de Enero del 2019 dio a conocer públicamente la no aceptación de ese cargo señalando que las condiciones de la Financiera eran tan irregulares que no encontró activos suficientes ni para cubrir sus honorarios y a la fecha no se tiene liquidador.
Los quejosos dicen que la CNBV a través de su subdirección de banca de desarrollo y crédito popular debió estar vigilante de la regulación y control de la sociedad financiera que ha dejado a aproximadamente 350 familias en estado de indefensión, primero por la falta de vigilancia y control oportuno que propició la ilegal privación del patrimonio de los ahorradores, y segundo, por el hermetismo de proporcionar información necesaria para su defensa e inclusive por la tardanza en designar liquidador de la SFP, se hace del conocimiento de la opinión publica el modus operandi de los entes financieros del sector de ahorro popular y la “amafiada” complacencia de la CNBV.
Ante la falta de respuesta se encuentran presentadas 23 quejas vía electrónica en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en las que sólo se cuenta con el acuse de recibo en el que se informa al quejoso que se dará inicio a la investigación de los elementos evidencias conducentes y practicará las diligencias que sean necesarias resolver sobre la queja planteada.