La evasión y defraudación fiscal son problemas graves que superan los 300 mil millones de pesos al año, y su combate debe ser frontal, sin causar inseguridad en los contribuyentes cumplidos con leyes excesivas, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El sector patronal señaló que en la discusión que se tendrá en las siguientes semanas en el Senado de la República para que la facturación apócrifa y la defraudación fiscal sean catalogados como delitos de delincuencia organizada.
“Es prioritario que la autoridad establezca los candados para frenar a los defraudadores fiscales”, enfatizó la Coparmex.
Sin embargo, no se puede llegar al extremo de colocar en la incertidumbre jurídica a las empresas y los contribuyentes honestos por medio de la aprobación de legislación extremadamente punitiva.
Advirtió el sector patronal que las reformas planteadas amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente.
“Preocupa mucho que, en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias”.
Al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza, incluso, debido a la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática.
Consideró que estos mecanismos crean un arma política muy poderosa contra empresas y contribuyentes que no sean bien vistos por quienes ejercen el poder.
De esta forma, lejos de abonar a la construcción de un sistema tributario robusto y seguro, se generaría una inquietud justificada, que pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza empresarial, cuyos niveles están en sus niveles más bajos en más de un año.
Debido a los efectos que esta iniciativa podría ocasionar, no puede ser votada sin un análisis extenso y consensuado con todo el sector productivo. Es necesario construir una Ley cuya implementación no devenga en más problemas y una mayor incertidumbre.
En principio, combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal es una política adecuada. Sin embargo, estas reformas tan importantes no pueden ser aprobadas en “fast-track”, como se tiene contemplado.
Por el contrario, se deben revisar ampliamente, con el acompañamiento de especialistas, a fin de que no se acuse de delitos graves a empresas o empresarios que podrían tener operaciones presuntamente inexistentes por circunstancias involuntarias o no intencionales.
Hacemos un llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo y a construir una legislación acorde con el país que queremos. Es momento de cerrar los espacios a una mala interpretación de la ley, con la que los buenos contribuyentes paguen las consecuencias.
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se calcula que alrededor de 350 mil millones de pesos es el monto anual de la evasión fiscal a través de facturas falsas.
