La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone que se realice una Convención Nacional Hacendaria para alejarse del Neo centralismo y replantear un federalismo moderno.
La Coparmex indicó que por décadas México ha buscado avanzar posiciones en la construcción de un Federalismo articulado y moderno, que brinde equilibrios institucionales entre el gobierno federal y las entidades federativas, así como la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Gran parte del federalismo se sustenta en los Convenios de Coordinación Fiscal, que fueron diseñados bajo la lógica de aumentar la eficiencia tributaria, limitar las potestades recaudatorias de los estados a favor de la Federación, a cambio de obtener una mayor participación en los ingresos fiscales.
En Coparmex siempre hemos pugnado por un Federalismo pleno y por la organización y colaboración armoniosa entre los tres niveles de gobierno.
“Hoy externamos nuestra preocupación, ante lo que parece ser la llegada de un Modelo Neo Centralista, que pone en riesgo los avances en materia de federalismo de las últimas décadas, limitando la soberanía, la libertad y el pleno desarrollo de las entidades federativas”.
El paquete económico 2020 emite una señal positiva, pero presenta algunos focos de atención en lo particular, sobre todo en materia de egresos, antela clara apuesta del gobierno federal por el gasto corriente en detrimento de la inversión física, así como la recomposición presupuestaria de los recursos para los estados.
Resulta preocupante la caída en términos reales del 0.5 por ciento en el gasto federalizado, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, puntualizó.
La primera razón de la reducción es el 0.9 por ciento en el Ramo 28, que corresponde a las Participaciones Federales; cuyo objetivo es el de distribuir recursos entre los gobiernos estatales sin condicionamiento y a partir de su actividad económica.
Este ramo incluye al Fondo de Fomento Municipal y que para el siguiente ejercicio se propone una reducción del 0.53 por ciento, respecto de lo aprobado el año pasado.
“Esto básicamente quiere decir que se le está dando la espalda a los municipios, comprometiendo el presupuesto designado a llevar a cabo las distintas agendas de desarrollo local, centralizando la asignación de los recursos”.
La segunda razón, es una reducción del 0.3 por ciento del Ramo 33, que integra las Aportaciones Federales orientadas a actividades estratégicas de desarrollo nacional desde los estados.
Entre otros aspectos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal se disminuye en la misma proporción del 0.3 por ciento.
“Esta reducción hace patente la centralización del presupuesto en una de las dimensiones más sensibles a las aportaciones estratégicas: destinar recursos en favor de la seguridad de las familias mexicanas”.
Con la reducción del gasto federalizado se afecta a 25 de las 32 entidades federativas, quienes observan una reducción real de su presupuesto entre lo aprobado en 2019 y lo propuesto en 2020. Las disminuciones más significativas fueron en la Ciudad de México, Tamaulipas y el Estado de México.
En Coparmex comparten y respaldan las expresiones de inquietud que provienen desde las diversas entidades federativas, derivadas de la insuficiencia de ingresos.
“Consideramos que las advertencias de algunos gobernadores –que plantean la posibilidad de abandonar el pacto fiscal federal para financiarse a partir de sus propias capacidades de tributación, son entendibles y no por ello gravemente preocupantes”.
Detalló que el riesgo de proceder a la descoordinación fiscal como respuesta al Neo Centralismo supone consecuencias importantes, como la cancelación de las aportaciones tributarias a la Federación por parte de las entidades o el rompimiento de los equilibrios presupuestales del Estado.
“En Coparmex, reconocemos la importancia de preservar la coordinación fiscal, como instrumento clave para promover el crecimiento y el desarrollo. Creemos que es momento propicio paraconvocar a los tres órdenes de gobierno –junto con la sociedad civil– y llevar a cabo una verdadera Convención Nacional Hacendaria, que permita alcanzar acuerdos significativos en tres dimensiones”.
Primero, la redefinición de las competencias tributarias; es decir, precisar nuevamente lo que recauda la Federación, cada una de las 32 entidades y los gobiernos municipales.
Segundo, lograr una nueva legislación fiscal tanto a los impuestos directos como el ISR y los indirectos: IVA y el IEPS.
Y el tercer elemento para analizar en la Convención Nacional Hacendaria es la fórmula del egreso, es decir, cómo se distribuye el producto de la recaudación en un federalismo moderno.
