La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazan el acuerdo firmado esta mañana para regular el outsourcing en Palacio Nacional.
En comunicado de prensa conjunto declaran que la declaran que la iniciativa del Ejecutivo Federal pretende coartar la libertad de la subcontratación y atenta contra la creación y preservación de empleos formales.
Manifestaron que su aprobación en los términos dañaría además seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”.
También rechazaron que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.
La responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en sus actividades de fiscalización.
“Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría”, enfatizó.
Explicaron que las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad lícita y conveniente, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses
“Esta libertad de contratación debe permitirse sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas y, desde luego, la creación de más y mejores empleos, de tal manera que los trabajadores contratados bajo esa modalidad tengan un ejercicio pleno de sus derechos”.
Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo abierto y franco en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal y, en su momento, con cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión para lograr una ley que priorice nuestra posición en esta materia: Regulación sí, Prohibición no.