La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que los primeros 50 días del gobierno de López Obrador no tienen buenas señales y le dice no al fiscal general porque responde a intereses presidenciales.
“En tan sólo 50 días hemos visto varias decisiones de política pública, notoriamente adversas a los intereses del sector privado, empezando con la cancelación de la obra del aeropuerto de la Ciudad de México, siguiendo con al desaparición de ProMéxico, Inadem, Bancomext, siguiendo con la eliminación de la compensación universal, la ley gandalla, y hoy aparentemente consolidando el fiscal carnal. No son buenas señales a 50 días del inicio de la nueva administración y Coparmex haremos un llamado para que en los siguientes 50 días encontremos una buena señal de política pública”.
El líder patronal enfatizó que el nombramiento del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por parte de Senado de la República, no “garantiza la autonomía de la fiscalía, al contrario, esta institución nace viciada de origen, un fiscal carnal siempre va a defender al Ejecutivo a perdonar a los aliados y a perseguir a los adversarios, allí están los procesos de El Encino, Ayotzinapa, los Duartes y de Anaya, que dan testimonio de ello”.
Destacó que el actual modelo se corre el riesgo de que los fiscales especializados en anticorrupción, derechos humanos, delitos electorales y asuntos internos sean siempre sujetos a intereses ajenos y sean separados de su cargo.
El presidente de la Coparmex enfatizó «le dice no al fiscal general», que el fiscal general tiene que demostrar “que sirve a la ley y no al Presidente de la República, no aceptamos el punto final, exigimos castigo a los delincuentes, sean de cuello blanco, funcionarios públicos o sean de cualquier naturaleza”.
Bajo esta perspectiva reiteró que seguirán con la insistencia de reformar el 102 de la Constitución para que se establezca el mecanismo de selección, operación y los mecanismo de remoción del fiscal general.
El líder patronal apuntó que esta modernización puede darse pasada la mitad del actual sexenio, después del proceso electoral intermedio.
