La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que es indispensable avanzar en la seguridad pública y la lucha contra la corrupción que les cuesta a las empresas más de mil 500 millones de pesos al año.
La Coparmex coincide con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que considera que la vigencia del Estado de Derecho en México es frágil, especialmente en estados y municipios, el 60 por ciento de la población considera que la corrupción gubernamental es un fenómeno generalizado.
La ausencia de credibilidad en las instituciones en México, tiene un efecto determinante en los bajos niveles de productividad y crecimiento económico, y detona un desencanto con la democracia como medio eficaz para ordenar la convivencia social.
La corrupción es un fenómeno prevalente tanto en el sector público, como en su relación con el sector privado y la ciudadanía. Un problema extendido, costoso y persistente.
De acuerdo con cifras del INEGI, las motivaciones para incurrir en actos de corrupción están mayoritariamente asociadas a agilizar trámites, evitar multas y obtener licencias o permisos. “Esto cuesta al sector empresarial poco más de mil 600 millones de pesos anuales, un promedio por empresa de más de 12 mil pesos”.
El costo de la corrupción es aún mayor si consideramos que estos actos inhiben la inversión en el país, como se afirma en el Reporte de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, donde determinan que la corrupción es el factor más problemático para hacer negocios en México.
“Vivimos en un país donde el 50 por ciento de los encuestados reporta haber tenido que pagar algún soborno a algún servidor público, siendo éste el mayor porcentaje en América Latina. De la población abierta, una porción elevada cree que el gobierno no está combatiendo la corrupción de manera adecuada”.
Para Coparmex la ruta de acción es clara: combatir las resistencias que han impedido la completa instalación del Sistema Nacional Anticorrupción.
El nombramiento en el Senado de la República del Fiscal Anticorrupción es impostergable, así como la designación de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que juzgarán las faltas graves en materia de corrupción.
Sobre la seguridad pública en México según datos de #DataCOPARMEX el 43 por ciento de las empresas han sido presas de algún delito. Y de acuerdo a encuestas de victimización y violencia, tenemos una tasa de casi 29 mil delitos por cada 100 mil habitantes, y en el ámbito productivo, un 35 por ciento de las empresas de Coparmex, afirman que son víctimas de delitos.
En Coparmex hemos planteado con anterioridad medidas concretas que no han avanzado en el Poder Legislativo y que consideramos cada vez más urgentes.
Hemos sostenido la necesidad que se apruebe una reforma a la Ley General de Seguridad Pública, que después de un difícil proceso de consenso en el Senado de la República, fue desechada inexplicable de forma íntegra por la Cámara de Diputados.
En esta legislación, se debe regular el modelo policial de nuestro País, el desarrollo, la formación y la certificación las fuerzas policiales civiles, así como la naturaleza del mando.
La Ley General de Seguridad Pública reglamentaría en el artículo 21 constitucional, la concurrencia entre la Federación, los estados y los municipios, incluyendo los servicios privados y auxiliares de seguridad.
Esta necesidad se vuelve urgente ante la reciente aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior, que regula la participación extraordinaria de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, una situación de gran importancia coyuntural, pero que no apoya la profesionalización de los cuerpos de policía.
En relación a la Ley de Seguridad Interior, tal como lo hemos manifestado con anterioridad, en COPARMEX consideramos que deben atenderse las observaciones que buscan mejorarla, atenuando sus inconvenientes jurídicos y riesgos democráticos, buscando en todo momento dar certeza jurídica a las fuerzas armadas y garantías a la ciudadanía.
En este sentido, consideramos necesario revisar los temas correspondientes a la transparencia de información, reservada por ley de manera general, y a la falta de existencia de un mecanismo que dé voz a los municipios frente a las declaratorias de intervención.
Adicionalmente, consideramos necesaria la expedición de una Ley General de Seguridad Privada que homologue los requerimientos estatales para obtener los permisos, brindando con ello certeza jurídica tanto a proveedores como a contratantes del servicio.
La Coparmex está convencida que se debe avanzar en ambas situaciones para que el estado de derecho sea prioridad nacional.