La extorsión es un fenómeno que pone en riesgo la vida existencia de los negocios y la vida de los comerciantes y empresarios en la que se encuentra involucrada la falta de respuesta rápida por las autoridades y la insistencia de los denunciantes que sólo ven atención en un máximo al 30 por ciento de sus casos ante los ministerios públicos, señalaron comerciantes y empresas familiares.
El presidente de ConComercioPequeño, Gerardo Cleto López Becerra, informó que en el comercio popular los giros que más sufren este delito son las carnicerías, pollerías, salones de fiestas, refaccionarias, venta de autopartes y en caso de no aceptarla terminan en asesinato, “como sucedió con 2 propietarios de carnicerías”.
“En la venta de autopartes se presenta el fenómeno de la venta de partes de autos robados que se dejan a consignación en los comercios”.
Gerardo Cleto López Becerra, presidente Concomerciopequeño
El presidente de la organización indicó que cuando los comerciantes y empresarios acuden a las autoridades para denunciar la extorsión no hay una respuesta eficiente y segura “porque desisten en un 70 por ciento de las ocasiones ante las constantes veces que tienen que asistir al ministerio público y posteriormente se sienten inseguros por toda la información personal que presentan y los escasos avances en la investigación”, puntualizó el presidente de ConComercioPequeño.
López Becerra apuntó que el cobro que se realiza a los pequeños comercio y empresas es de un 20 por ciento de las ganancias y/o utilidades, las cuales se pueden entregar mediante visita de los delincuentes a los establecimientos o se les otorga una cuenta bancaria para que depositen, “la que después que no se puede seguir hasta que se levante la denuncia y posteriormente se dé aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que por orden judicial se atienda la investigación”.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló en su comunicado “Es urgente una ley contra la extorsión” que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 96.7 por ciento de los delitos de extorsión no se denuncian.
Destacó que se debe al miedo a represalias de criminales y funcionarios dejan a las víctimas indefensas. En algunos estados se ha registrado un incremento de hasta el 50 por ciento en 6 años, lo que evidencia la urgencia de atender este fenómeno.
El sector patronal evidenció que la reforma al artículo 19 constitucional, publicada el 31 de Diciembre de 2024, en la que se incluyó la extorsión en los delitos con prisión preventiva oficiosa, lejos de combatirla, permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales.
Además, cuando las carpetas de investigación están mal integradas, los jueces aplican automáticamente la medida sin un análisis adecuado.
Ante esta situación, Coparmex solicita una ley nacional para terminar con la falta de tipificación general ante más de 20 modalidades de extorsión, pero los Códigos Penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas.
En el 2023, el costo de la extorsión fue de alrededor de 26 mil millones de pesos (mdp), con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima, informó el Inegi.
