La fiscalización electoral puede avanzar más en el sistema político si mejora la ejecución de las sanciones contra los infractores que no respetan las reglas de la competencia para conseguir los votos de los electores.
La nota titulada “Fiscalización electoral”, elaborada por la investigadora Perla Carolina Gris Legorreta, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República destacó que el modelo de fiscalización mexicano presenta avances importantes, como la creación de diversos sistemas informáticos y la superación del secreto bancario, fiduciario y fiscal para acceder a la información.
El modelo de fiscalización electoral que opera está enmarcado en lo previsto por el Reglamento de Fiscalización expedido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
El proceso de fiscalización electoral recae también en disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley General de Partidos Políticos.
El proceso contempla la presentación de informes anuales, trimestrales, de precampaña y de campaña a los sujetos obligados, según sea el caso.
El sistema de fiscalización electoral a pesar de sus avances cuenta con desafíos operativos como la revisión de una gran cantidad de informes con plazos restrictivos y garantizar la impartición de justicia electoral sin la influencia de intereses políticos partidistas, señala el estudio.
De acuerdo con la investigación, emprender una reforma electoral conlleva sin duda a tocar directa o indirectamente el tema de la fiscalización de los partidos políticos, lo cual implica realizar cuidadosos análisis legislativos que incorporen de manera informada todos los elementos técnicos en la materia.
En las recientes discusiones de la reforma electoral en lo que respecta a la fiscalización a partidos políticos no existen coincidencias en las pocas iniciativas presentadas y, por lo contrario, las propuestas abordan aspectos diferentes en torno a la fiscalización, como la transparencia, la ampliación de facultades, la creación de nuevas instancias o una revisión del modelo vigente en consecuencia a otros cambios propuestos.
La fiscalización contribuye al funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos generando condiciones que ponen límites al poder público al ejercer una justicia electoral alejada de los intereses de partidos políticos y gobiernos.