La iniciativa presidencial constitucional de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es una contra reforma a la aprobada en 2013, es una propuesta que abarca a todo el sector energético y conduce a un desempeño regresivo y poco amigable con el medio ambiente, afirmó el International Chamber of Commerce México (ICC México).
Puntualizó que la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve transitorios, enviada por el presidente de la República al Congreso de la Unión, significa una transformación más amplia de las leyes porque involucra al sector eléctrico, de hidrocarburos, el litio y recursos naturales del país, así como aspectos de transición energética que no se limitan únicamente al sector eléctrico.
Tampoco es una contra reforma a la reforma energética de 2013, ni a la de 1992 cuando se abrió la puerta al gas natural y se convirtió en el inicio de las energías limpias en México, sino que regresará a México por lo menos cuatro décadas atrás en la generación de energía eléctrica, con los consiguientes costos económico-sociales en el interior de un país que venía solidificando también su gestión frente al medio ambiente.
“Lo que vemos los integrantes de la ICC México es la sincronización de un diseño normativo que por encima de los derechos humanos de quienes lo habitamos, nos conduce a la recarbonización del modelo energético del país y a la dependencia en el corto plazo de modelos más destructivos del medio ambiente como sería el fracking para resolver la demanda de petróleo, porque las reservas probadas al día de hoy son apenas para 9.5 años.
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El problema de reputación internacional para la nación mexicana tampoco es un asunto menor porque provocará incertidumbre y pone en riesgo la confianza de la inversión extranjera directa en México y el consiguiente aislamiento del resto de la economía mundial, al atentar contra el estado de derecho al violentar principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresión en materia de derechos humanos.
Además de una evidente antinomia, incongruencia y oposición constitucional respecto de aspectos de igualdad, no discriminación, derecho a la salud y a un medio ambiente sano, desarrollo integral y sustentable, prohibición de leyes privativas, retroactividad, seguridad jurídica, garantía de audiencia, impartición de justicia, propiedad privada, libre competencia y concurrencia; proporcionalidad, racionalidad, confianza legítima y competitividad.
En el plano internacional, la iniciativa violenta principios insertos en los instrumentos internacionales que incluyen Trato Nacional, Nación Más Favorecida, Acceso a Mercados, Requisitos de Desempeño y Presencia Local, Asistencia No Comercial, Medidas Disconformes y Comercio Transfronterizo de Servicios, Inversión y Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados, entre otros, todo diseñados para prevenir acciones arbitrarias de los Estados Parte, que afecten el comercio y las inversiones de sus socios comerciales.
“Es una reforma que busca restringir a los sectores afectados la posibilidad de recurrir con medios legales de defensa domésticos, al proponer plasmar esta transformación en el texto constitucional, lo cual generará confrontación entre derechos y principios constitucionales. No obstante, se puede anticipar que las empresas analizarán e intentarán acciones legales domésticas e internacionales en contra de la eventual reforma, por la clara antinomia e incongruencia que existe con diversos derechos fundamentales y principios constitucionales”.
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Destacó que la propuesta del gobierno federal no contempla una expropiación directa para evitar las indemnizaciones.
Advirtió de una inanición económica de las empresas y de los proyectos mediante la cancelación de los permisos de producción, los contratos de compraventa de energía y de autoabasto celebrados con particulares, así como la cancelación de los Certificados de Energía Limpia (CEL’s), constituirían una expropiación indirecta del sector, al poner en riesgo el valor de las inversiones como resultado de actos de gobierno que incluyen cambios regulatorios en el sector.
“Es claro que procederá la protección a la inversión contenida en los diferentes tratados firmados por México e, incluso, si un país considerara que la violación a los acuerdos es de gran perjuicio para sus inversionistas, podría darse un litigio Estado-Estado, incluyendo la afectación mediante la imposición de aranceles”.
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La ICC México solicita de manera respetuosa a los legisladores en el Congreso de la Unión poner un alto a la iniciativa de reforma constitucional enviada desde la Presidencia de la República, porque significa no sólo una simple modificación a la Carta Magna, sino quitar a México la visión de modernidad.
“Existen alternativas y estamos a favor de apoyar a las Empresas Productivas y Subsidiarias del Estado, así como a los Órganos Reguladores Coordinados y al CENACE con miras a fortalecer al sector, impulsar una transición energética sostenible e inclusiva de todos los sectores, y velar por la Seguridad Energética de México”.
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