La corrupción debilita al estado de derecho, principal desafío en México para no caer en situaciones como las que se presentan en Sierra Leona o Venezuela, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Señaló que se dio a conocer el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 de The World Justice Project, en el que México se situó en el lugar 92 de 113 países evaluados, retrocedió 4 lugares desde la evaluación previa, por debajo de países como Rusia, China, Irán, Vietnam o El Salvador, y apenas supera a naciones como Sierra Leona o Venezuela.
La evaluación Rule of Law Index se conforma de un análisis de 44 variables, México muestra una situación crítica en algunas como “Investigaciones Policiales Efectivas” con 0.26 como factor. En otras variables como “Ausencia de Corrupción en Investigaciones” y “Tiempo Efectivo de Investigación” el resultado en un factor crítico de 0.29, es decir, igual al promedio venezolano.
La evaluación global de México es de 0.45 (el indicador va de 1.00 a 0.00) lidereado por Dinamarca con 0.89 y en el sótano se encuentra Venezuela con un índice de 0.29.
La Coparmex puntualizó que la falta de un estado de derecho efectivo eficiente y eficaz se manifiesta en México de diversas formas: niveles crecientes y críticos de impunidad, corrupción e inseguridad.
La justicia en las relaciones económicas, sociales y políticas en un país, requiere la vigencia de un conjunto de leyes justas, pero presupone también, de instituciones eficientes y confiables, que aseguren su aplicación sistemática y oportuna.
En México, la responsabilidad de procurar justicia recae en el Ministerio Público, pero el andamiaje que soporta su operación en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuradurías estatales, está agotado y con baja credibilidad.
Para fortalecerlo la Coparmex indicó que se requiere un cambio constitucional a través de la #Reforma102 (www.reforma102.mx) que ha demandado la sociedad civil.
Reformar el artículo 102 Constitucional es necesario pues ahí se contienen las bases de organización del Ministerio Público de la Federación.
En México, desde el inicio de la vigencia de la Constitución, los procuradores generales han durado en promedio dos años y medio en el cargo.
En Iberoamérica, el tiempo promedio de duración en el cargo es de 4 años. No es aconsejable, como actualmente se plantea, que el Fiscal dure 9 años continuos en el cargo.
“Resulta preocupante, además, que bajo el arreglo constitucional actual, las fiscalías especializadas estén subordinadas al Fiscal General, quien tendrá la facultad para designar y remover libremente a los titulares de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y de la Fiscalía Anticorrupción”.
Se requiere de una fiscalía con personal calificado, capacitado y con presupuesto suficiente, y con un marco legal que obligue a rendir cuentas sistemáticamente a los ciudadanos de su actuación, afirmó la Coparmex.