Se prevén presiones a la meta objetivo de inflación hasta el 2020 por los mayores aumentos de los precios de la gasolina magna y del gas LP, sin embargo la nueva administración no debe caer en la tentación de fijar precios porque genera desequilibrios en las finanzas públicas y los mercados, sin ayudar a los que menos tienen, advirtió el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indicó que la cifra publicada de 5.02 por ciento de manera anualizada tiene presiones por los “incrementos más altos que los previstos en los precios de energéticos, básicamente de la gasolina de bajo octanaje y del gas LP, dada su incidencia significativamente alta en el indicador general de precios, además de las presiones inflacionarias que ha generado la volatilidad del tipo de cambio a lo largo del año y de los efectos indirectos provenientes de los incrementos de precios en los energéticos, lo que afecta diversos rubros del subíndice subyacente, y limita la trayectoria de la inflación anual esperada tanto para el presente año como para el siguiente”.
Los resultados de la más reciente encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado muestran nuevamente una corrección al alza en los pronósticos de inflación para el presente y el siguiente año, “lo que parece indicar que durante este tiempo se mantendrán las presiones inflacionarias y será hasta el 2020 cuando se aprecie que estas comiencen a moderarse hacia una trayectoria más en línea con la meta del Banco de México”.
El sector privado apuntó que la evolución de los precios de energéticos genera malestar entre los agentes económicos, demandan una solución a su constante aumento después de su liberación en Enero del año pasado, con la promesa de que esto contribuiría a su disminución.
El CEESP explicó que la dinámica que mantienen los precios de los energéticos puede agudizar las demandas por un ajuste a la baja, lo cual podría estimular nuevamente la propuesta que se hizo durante la campaña presidencial sobre la posible fijación de precios de productos, lo que implicaría serios desequilibrios para el mercado.
“Cuando el Estado decide intervenir a través de la fijación de precios o establecer precios de garantía y/o subsidios, que generalmente distorsionan los precios de mercado, para beneficiar a algún sector o grupo, es un hecho que la oferta de ese bien se verá afectada debido a que el incentivo para producirlo se afecta”.
Especificó que esta política beneficia a los más privilegiados por su mayor capacidad de compra, mientras que los grupos de menos recursos nunca serán los directamente más favorecidos, enfatizó el CEESP.
“Una situación como esta no es sostenible en el mediano y largo plazos, por lo que una vez que no hay manera de seguir financiando este tipo de políticas, generalmente se decide concluirlas sin un plan de compensación bien estructurado, por lo que finalmente redunda en un agresivo ajuste de precios al nivelarse a las condiciones del mercado, lo que afecta severamente el poder adquisitivo de los hogares”.
La responsabilidad rectora de un gobierno debe dirigirse a generar un ambiente propicio para que la economía funcione de tal manera que el beneficio sea generalizado y evite privilegiar a los grupos de mayores ingresos en el país.
“Las políticas asistencialistas sustentadas en controles de precios simplemente contribuyen a perpetuar la pobreza. La regresividad de los subsidios generalizados va en contra de cualquier beneficio de la población que más lo requiere, además de que contribuye directamente a elevar el déficit de las cuentas públicas”, concluyó el CEESP.