Para que mejore el clima de negocios e inversión es indispensable que el gobierno federal termine con arbitrariedades al cambiar las reglas del juego de manera unilateral y atentar contra un clima de negocios, enfatizó el sector privado.
El pasado lunes 05 de Octubre en la presentación de la reanudación del Plan de Infraestructura para invertir 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2020 y 2021 en 39 obras de infraestructura los representantes del sector insistieron durante sus participaciones que el respeto al estado de derecho es fundamental para lograr que se pueda impulsar la inversión y llegar al 25 por ciento como proporción del PIB.
“La firma del convenio es una buena señal y puede ser significativa, pero para su concreción es importante que la autoridad cambie la actitud que ha revelado respecto al apego a la legalidad y las reglas del juego”, especificó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Destacó que hasta ahora, el sector privado ha enfrentado políticas públicas con una amplia discrecionalidad, y hasta arbitrariedad, que han inhibido, limitado, e incluso prohibido y cancelado, proyectos en marcha y bien avanzados.
“Sin duda esto ha sido y aún es un claro atentado a los niveles de confianza que junto con la rentabilidad es el principal factor mediante el que se pueden concretar las inversiones”.
El gobierno debe honrar su compromiso para una reactivación económica con equidad, en la que el ambiente de negocios impere la certeza, con reglas claras y estables y bajo la conducción de un estado de derecho fuerte y eficaz.
Los montos de inversión establecidos en el programa firmado recientemente, si se concretan, sólo permitirán recuperar una cuarta parte de la inversión privada perdida en lo que va del año y una fracción menor de lo que se ha perdido en lo que va de esta administración, especificó el CEESP.
Por ahora, el gobierno federal parece decidido a llevar a cabo proyectos de inversión sin evaluar su rentabilidad económica y social, dentro de un monto de inversión pública sumamente restringido; que apenas representa 2.5% del PIB, el porcentaje más bajo desde 1939.
El CEESP concluyó que se requieren políticas activas enfocadas en la reactivación económica, que incluyan una revisión de los proyectos y programas prioritarios para la administración.