El Presidente de la República y su gobierno debería ser solidario con todos los sectores económicos al diseñar apoyos económicos y laborales específicos que permitan mantener el empleo y limitar el avance de la pobreza como se advierte por organismos especializados, señaló el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) apuntó que la administración federal rechaza las propuestas del sector privado por considerarlas un rescate y mantener el operativo de la etapa neoliberal de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias.
Las autoridades consideran que cualquier apoyo a las empresas que no sean tamaño micro sería un rescate injustificado a “los ricos”, una socialización de las pérdidas privadas de los segmentos más favorecidos de la población, tipo Fobaproa.
Advirtió que la estrategia gubernamental limitada a las micro, pequeñas y medianas empresas es insuficiente, y parece no reconocer la gravedad de la situación, “pero se han mostrado dispuestas a descalificar, casi de inmediato, cualquier propuesta que contravenga su posición política, incluyendo las políticas contra cíclicas de estímulo como las que se han adoptado en la mayoría de países para contener los efectos de la crisis sanitaria y sentar las bases para una recuperación pronta y sostenible”, enfatizó el CEESP.
Insistió que los apoyos fiscales y laborales, mediante diferimientos, no condonación, de enteros de impuestos y de aportaciones a la seguridad social, a fin de mantener la planta laboral no son un rescate de los grandes sectores.
“Las políticas de apoyo a fin de proteger el empleo y mitigar los efectos de la crisis se deberían dirigir a todos los agentes económicos, y eso implica un diseño de alto alcance”.
Alertó que es probable que el impacto negativo en el empleo y el bienestar de los hogares sea mucho mayor a lo esperado por lo limitado del plan gubernamental.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó que los efectos potenciales generados por la crisis del Covid-19 se reflejarán en incrementos significativos en la pobreza.
Los cálculos muestran que el total de personas en situación de pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, es decir entre 8.9 y 9.8 millones de personas.
El universo de personas en pobreza extrema podría tener un incremento de entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales, lo que representa un aumento de entre 6.1 y 10.7 millones de personas.
Reiteró que los apoyos instrumentados por el gobierno son muy limitados, tanto en monto como en eficiencia.
Además, la postura del gobierno federal genera un complejo ambiente para la confianza empresarial. El indicador de confianza empresarial del Inegi en Abril reportó niveles históricamente bajos.
Los indicadores relativos a los sectores de construcción, manufacturas y comercio se ubicaron por debajo de los 40 puntos, lejos del umbral de los 50 puntos que separa los niveles de optimismo y pesimismo.
Por su parte, el indicador de percepción sobre la posibilidad de invertir se ubicó por debajo de los 10 puntos en los sectores de construcción y comercio, claramente muy lejos del umbral de los 50 puntos.
Más allá de los efectos económicos naturales de la pandemia, es muy probable que la falta de medidas para proveer a las empresas de la liquidez suficiente para mantenerse a flote y no caer en insolvencia, y con ello conservar al máximo sus plantillas laborales, haya empeorado las perspectivas de inversión, apuntó el CEESP.
Además, destacó que se “han agudizado los mecanismos de inspección fiscal y laboral. Esto es, por sí mismo, justificado, mientras se apegue a la ley”.
Adelantó el CEESP que es probable que la pérdida de empleos, y la consecuente disminución de los ingresos familiares, continuará durante todo el segundo trimestre, por lo menos, puntualizó.
Señaló que esta situación se reflejará en un aumento importante de los niveles de pobreza, que difícilmente se podrá contrarrestar con los programas asistenciales del gobierno, que básicamente son los mismos que ya estaban en el presupuesto.
“La quiebra de una empresa en una coyuntura como la que se vive actualmente no sólo es responsabilidad de los socios y dueños, como afirmó el Presidente, sino también de la solidaridad social y de un ambiente de negocios propicio que favorezca la inversión”, concluyó el CEESP.