Los “privilegiados” de los rescates anteriores realizados por el gobierno también deben ser sujetos de apoyo por parte de la actual administración para cuidar la base tributaria y contar con una política fiscal más amplia que permita contar con mayor liquidez al sector productivo, señaló el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que las medidas adoptadas por la administración del presidente, López Obrador, para impulsar una reactivación económica por la contingencia sanitaria son limitadas.
En una de sus conferencias mañaneras anunció que no será un millón, sino tres millones de créditos a la palabra que pondrá a disposición el gobierno federal para apoyar a aquellos pequeños empresarios que se han visto afectados por la crisis sanitaria.
“ Si bien es cierto que estas medidas son favorables, también parecen insuficientes”, enfatizó el CEESP, pues de acuerdo con las cifras del IMSS, hasta el momento el universo de patrones, para quienes se destinará un millón de créditos, que cumplen con el requisito de no haber reducido su plantilla laboral, que es el principal criterio para recibir el apoyo gubernamental, es de 645,102 patrones, de los cuales el 78.4 por ciento corresponde a empresas que tienen de 1 a 5 empleados, lo que es congruente con la visión oficial de que son las microempresas a quienes se debe apoyar para mantener el nivel de empleo.
“No obstante, el hecho es que las cifras muestran lo limitado de este programa, toda vez que implica que los apoyos solo beneficiarán al 10.3 por ciento del total de establecimientos del país y al 8.5 por ciento de las microempresas”, puntualizó.
Consideró que es justificable que hay que poner énfasis en las empresas más pequeñas, por ser las más vulnerables, la verdad es que se necesita proteger el empleo en general, ya que no son únicamente esos establecimientos los que requieren apoyo.
Explicó que solamente algunas empresas, quizá las que disfrutan de fuertes rentas económicas debidas a concesiones o prácticas que les permiten gozar de competencia limitada, podrán transitar por la crisis sin despedir empleados y sobrevivir sin algún respiro en sus costos o facilidades en el pago de sus impuestos o contribuciones de seguridad social.
Reiteró que se requiere que el gobierno provea facilidades a las empresas de todos tamaños, para diferir sus obligaciones fiscales o de seguridad social.
Insistió que esto no implica condonaciones o reducciones de pagos, sino periodos de gracia para que puedan contar, durante la crisis, con la liquidez suficiente para atender la planta laboral.
Indicó que el problema es que al parecer el gobierno está convencido de que proveer facilidades como las señaladas a empresas que no sean de tamaño micro o pequeñas equivale a rescatar a los privilegiados de siempre.
“Pero el que los rescates hayan ayudado a algunos privilegiados en el pasado, no significa que esta vez también y, más importante, no implica que no sean necesarios en esta crisis, posiblemente sin precedentes, para proteger el empleo y el bienestar de la población”, acentuó el CEESP.
Además, es evidente que asegurar las contribuciones fiscales futuras de empresas grandes, que incluyen seguridad social, a través de apoyarlas con un diferimiento en sus pagos de contribuciones, es una estrategia sin duda de ganar-ganar porque tienen liquidez financiera, consideró el organismo del sector privado.
“Por una parte se protege la base tributaria que provee al gobierno de recursos y por la otra se preserva el potencial presente y futuro de crecimiento de la economía”, destacó el CEESP.
Las empresas no son las únicas que requieren apoyo, también lo necesitan aquellas personas que están en la informalidad y que tienen que salir a las calles todos los días en busca de ingresos para sostener a sus familias, particularmente en las zonas urbanas.
La puesta en marcha de un millón de créditos a la informalidad por parte del gobierno igualmente parecería insuficiente, si se toma en cuenta que 15.3 millones de personas integran el sector informal de la economía.
También en la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su plan para enfrentar la crisis económica, el cual refleja fielmente su posición ideológica de que las medidas a tomar se alejan de lo que anteriormente, durante el periodo neoliberal, se hacía cuando se presentaba una crisis.
El CEESP consideró que se necesita “una política fiscal clara y determinada, basada en reasignaciones del gasto y aumentos netos del mismo, es evidente para intentar controlar de varias maneras la emergencia sanitaria. No debe haber limitación de recursos para el sector salud”.
Señaló que a la fecha el Banco de México (Banxico) anunció medidas por 750 mil millones de pesos para un funcionamiento ordenado y liquido del sector financiero, porque “lleva un pie en el acelerador y el otro en el freno. Es importante que la política fiscal sea complementaria a la monetaria-financiera, enfocada primordialmente en el sector salud, pero también en favor de la protección del empleo y las empresas”, concluyó el CEESP .