La industria automotriz en México le solicitan al Presidente de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actúen para que el gobierno de Baja California (BC) que encabeza Jaime Bonilla Valdez, no legalice los autos chocolate.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) y el Industria Nacional de Autopartes (INA) solicitan la participación de la Presidencia de la República y de la SHCP ante la propuesta que mañana el Congreso del Estado de Baja California pretende aprobar el censo de vehículos ilegales a través del pago de mil pesos por trámite e identificación mediante calcomanías.
Con este esquema se otorgan derechos a través de un esquema registral al contrabando que pretende además, dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación.
El censo de Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California abarcaría a automóviles, camiones, omnibuses, motocicletas cualquier que fuese su tipo de combustible así como de remolques.
Los organismos sostienen que la iniciativa de Ley que pretende legalizar el contrabando de vehículos en Baja California contraviene el marco jurídico federal, por lo que implementar un Instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley.
“En el sector automotor hemos visto con beneplácito la actual política de combate a la corrupción, consideramos que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así, la oficialización de un perverso incentivo a la impunidad”, destacaron las asociaciones.
Ante dicha situación “solicitamos la expedita intervención del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y del Secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez, para hacer respetar el estado de derecho de nuestro país, que sea observada la supremacía normativa existente, así como el cumplimiento de los acuerdos signados entre el Gobierno de Baja California y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar que Baja California transgreda las facultades de la federación y principios constitucionales”.
Detallaron que de aprobarse la iniciativa se violarían los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, cuando pretende regular la ilegalidad y el contrabando, al incentivar el incumplimiento de las disposiciones federales (aduaneras) cuando trata de conceder derechos registrales a los vehículos ilegales.
Especificaron que Baja California al amparo del convenio de colaboración sólo cuenta con facultades para embargar vehículos ilegales, su obligación es salvaguardar el estado y no violentar la facultad privativa de la federación al omitir el embargo de vehículos objeto de contrabando.
“El ejecutivo debe advertir y en su caso sancionar a los funcionarios públicos de Baja California, ya que en caso de aprobarse la iniciativa en comento serán acreedores a las sanciones del delito de contrabando y la aplicación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada”, enfatizaron los firmantes.