La inseguridad pública es costosa para vida económica del país al poner en riesgo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) lo que se estima en repercusiones económicas que puede llegar por encima del 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que diversos organismos y especialistas, nacionales y extranjeros, consideran a la inseguridad como uno de los principales factores que pueden limitar el crecimiento del país.
La encuesta más reciente sobre las expectativas de los especialistas del sector privado que elabora el Banco de México señala a los problemas de inseguridad como el segundo factor que puede obstaculizar el crecimiento de la economía después de la incertidumbre política interna.
Más allá de su incidencia en el crecimiento, la inseguridad pone en riesgo aspectos fundamentales para la sociedad, la vida misma, la libertad y la salud de los individuos, además de la supervivencia de empresas, especialmente micro y pequeñas.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran claramente como el número de delitos se incrementó.
En los primeros siete meses del presente año el total de delitos en el país ascendió a un millón 178 mil 600, lo que significó un incremento de 5.4 por ciento respecto a igual lapso del año pasado.
La desconfianza es evidente por la desconfianza en las policías la puede constatar cualquier persona que transite sin protección en transporte público o privado o que trabaje como ambulante en la vía pública en la ciudad de México.
En el primer semestre del 2019 el 15 por ciento de la población mayor a 18 años tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, de los cuales 47.3 por ciento experimentó algún acto de corrupción.
La cuantificación de la inseguridad es amplia, ya que la ENVIPE señaló que el costo como consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó el 1.65 por ciento del PIB, y la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2018 indica que la pérdida monetaria por victimización en unidades económicas representó el 0.86 por ciento del PIB.
«Por su parte, Concanaco señaló que en 2017 la violencia provocó pérdidas económicas al país por 4.7 billones de pesos, lo que equivale a 21 por ciento del PIB».
Asimismo, cifras del Global Peace Index indican que en 2018 el costo de la violencia en nuestro país representó el 10 por ciento del PIB.
El CEESP ha insistido en la importancia y urgencia de adoptar políticas efectivas que lleven a la disminución y erradicación de los problemas de inseguridad y extorsión en el país.
Actualmente el gobierno pone en marcha una estrategia para la lucha contra la inseguridad que se basa en políticas sociales, transferencias de recursos a la gente, que busca disuadir a grupos que han sido propensos a formar parte de ilegalidad.
Sin embargo, señaló que las transferencias de 3 mil 600 pesos o de mil 600 pesos bimestrales sirvan para que la juventud desista de unirse a la vida delictiva.
EL CEESP enfatizó que las instituciones encargadas de aplicar las leyes en todos los frentes deben ser modernizadas y fortalecidas con todos los instrumentos posibles que les permita combatir eficientemente a la delincuencia.
Asimismo, erradicar la impunidad y fortalecer el estado de derecho debe ser un objetivo inmediato, ya que la seguridad pública y el estado de derecho es objetivo prioritario de cualquier estado democrático legítimo.