La participante a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Cristina Alonso García, interpuso un amparo para que Ricardo Aldana Prieto, no tome posesión como secretario general del organismo sindical porque las quejas del proceso de elección no se analizaron a fondo por las autoridades laborales.
Alonso García, quien contendió contra Ricardo Aldana en las elecciones del STPRM se amparó ante un juez de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México contra la resolución del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que otorgó la toma de nota a Ricardo Aldana Prieto, como secretario General del STPRM.
Ante las endebles respuestas que se dieron a todos los recursos interpuestos ante el Centro Federal por las irregularidades en el proceso se recurrió al amparo para solicitar la nulidad de la elección y de la toma de nota emitida por el organismo.
Aldana Prieto se encuentra impedido para ocupar el cargo de secretario general porque es trabajador de confianza y la ley prohíbe expresamente que un empleado de esa categoría sea representante sindical.
El Centro Federal avaló la toma de nota basándose en un acuerdo contractual entre la empresa y el sindicato que se refiere a las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza, pero no a la representatividad del sindicato, porque sería una aberración que en la toma de decisiones del sindicato tuvieran injerencia los trabajadores de confianza, es decir, la parte patronal.
Además de trata de un acuerdo de voluntades entre la patronal y los trabajadores que no puede estar por encima de los estatutos, la Constitución y demás leyes aplicables, además de que el citado Aldana no cotizaba para el sindicato, por lo que no había vínculo que lo uniera con la organización que quería representar.
En el amparo también se reclama la falta de fundamentación y motivación adecuada de la autoridad responsable para responder las 461 quejas conforme a los preceptos constitucionales, limitándose a responder todas con un machote que no resolvía la duda razonable del proceso electoral.
El Centro Federal incurrió en violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica al emitir una resolución incongruente injusta y legal en contra de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 123 y 133 de nuestra Carta Magna, así como el convenio 87 de la OIT firmado por México.
El documento presentado por Alonso García, expone que la autoridad deja de cumplir con las facultades que le fueron conferidas en el artículo 372 bis y deja de prestar el auxilio solicitado por la misma Cristina Alonso, los otros candidatos y cientos de trabajadores que interpusieron inconformidades y quedas omitiendo el análisis de los documentos aportados en cuanto a la violación de los derechos de los trabajadores, violando los preceptos constitucionales 14, 16, 17 así como 123 y 133 de la Carta Magna:
“La autoridad responsable tiene dentro de sus facultades y obligaciones registrar analizar y verificar de forma pormenorizada la elección de las directivas sindicales para que se cumplan los criterios de certeza y legalidad”, lo que no ocurrió, indicó la quejosa.
Cristina Alonso reclamó la suspensión provisional de la resolución del 21 de Febrero y, en su oportunidad, la suspensión definitiva para que la constancia de modificación de directiva quede sin efectos y Aldana no ejerza la representación del sindicato, en tanto no se resuelva este juicio de garantías.
En el documento sostiene que no afecta derechos de terceros ni la gobernabilidad, administración o representación del sindicato, dado que desde que renunció el anterior secretario general no se han suspendido sus actividades; en cambio, permitir que Aldana Prieto ejerza como secretario general sí podría afectar todo el andamiaje que se opera por parte de nuestra organización sindical y afectaría seriamente a los derechos y prestaciones de los agremiados.
Alonso García afirmó que este amparo es un recurso que pretende dar justicia a los trabajadores, pero también es un llamado de auxilio al presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, a quien le han ocultado información y cree que los trabajadores eligieron libremente cuando no fue así, como se sustenta en este documento.
Alonso García sostuvo que todavía es tiempo de que las instancias federales den cumplimento cabal a la ley y aprovechen el mandato judicial y se abra la democracia en el gremio de los trabajadores petroleros.