Para el año entrante el gobierno federal y la iniciativa privado firmaron el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, en el que será fundamental el papel del gobierno para que el capital privado participe sin restricciones en todos los sectores.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) apuntó que buena parte de los más de 6 billones de pesos del año entrante en el presupuesto serán utilizado en cuestiones de programas sociales de la nueva administración, sin un apoyo directo a las actividades productivas.
Los recursos serán destinados a programas como el de producción para el bienestar, la beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, el programa para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, el programa sembrando vida y las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores, entre otros.
El CEESP destacó que la inversión física del sector público muestra una disminución de casi 13 mil millones de pesos (mdp) para el 2020.
“El gobierno ha privilegiado la distribución de recursos a través de programas asistenciales con el fin de abatir rápidamente los niveles de pobreza, a costa de reducir los recursos para atender las necesidades de inversión en infraestructura. En este contexto, el gobierno parece decidido a recurrir a fuentes de recursos alternas y no afectar el déficit público, ni los niveles de deuda para atender las deficiencias en inversión física”.
Ante las fuertes necesidades de infraestructura, el sector privado elaboró un plan en el que podría participar activamente para complementar o incluso suplir en buena parte las necesidades de recursos del sector público en este rubro.
El pasado 26 de Noviembre se dio a conocer el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, en el que, en conjunto con el gobierno federal, intenta facilitar y acelerar la instrumentación de proyectos de infraestructura que estimulen el crecimiento del país.
El acuerdo identifica mil 600 proyectos de infraestructura que pueden representar un importante impulso para la actividad económica del país.
En una primera etapa, el sector privado se propone invertir 859 mil millones de pesos (mmp) en un paquete inicial de 147 proyectos entre 2020 y 2024.
Específicamente, por ahora se prevé invertir 431 mil mdp en 72 proyectos en el próximo año, para continuar en el 2021-2022 con 41 proyectos y una inversión de 256 mil mdp y en 2023-2024 con 34 proyectos y recursos por 172 mil mdp.
Destacaron que la idea es que en el marco del acuerdo se busquen otros proyectos viables para complementar estos montos.
En el acuerdo presentado, el sector privado se compromete a realizar la inversión anunciada y ejecutar los proyectos en tiempo, calidad y costo.
Para asegurar el cumplimiento del sector privado, el compromiso del gobierno federal será promover y facilitar la inversión de este sector con financiamiento propio y adoptando el riesgo correspondiente en proyectos de infraestructura, y generar un ambiente propicio para la inversión mediante reglas claras y transparentes, enfatizó el CEESP.
“El gobierno debe también generar un claro estado de derecho, sin barreras que impidan la participación privada en todos los sectores, incluyendo energía”, destacó el sector privado.
La tarea es compleja y los objetivos ambiciosos, por lo que se deberá realizar cumpliendo estrictamente los compromisos de cada quien para lograr un ambiente de confianza y estabilidad para invertir, sostuvo la iniciativa privada.