La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respalda la aporbación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y señala que se debe complementar con recursos y leyes que permitan su combate efectivo para que alrededor del 50 por ciento de sus agremiados tengan confianza en el desempeño de su negocio o empresa.
Esta nueva legislación responde a una demanda ciudadana y empresarial para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la coordinación de todas las autoridades en el combate a una de las prácticas ilícitas de mayor impacto para las familias, las comunidades y el tejido productivo en el territorio nacional.
“Este escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, dado que el 49.5 por ciento de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse. Estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles”.
Coparmex
El sector patronal señala que con la promulgación de esta nueva ley abre una oportunidad para que el gobierno federal y los gobiernos estatales doten de recursos, capacidades técnicas e infraestructura institucional a todas las autoridades involucradas.
La Coparmex sostiene que la efectividad contra la extorsión se requiere de presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementación; capacitación de policías, fiscalías y jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva del nuevo marco jurídico y que los gobernadores y congresos locales holologen sus legislaciones, de manera que la operación nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar este delito.
En México diariamente 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión y, tan solo en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos (mdp) de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
