Más de 4.5 millones de personas físicas, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se han adherido al programa del sector financiero para diferir el pago de los créditos personales, empresariales e hipotecarios, informó la Asociación de Bancos de México (ABM).
El presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, en reunión con el grupo del Partido Acción Nacional (PAN) del Senado de la República para compartir información sobre las acciones del sector a favor de sus clientes por causa de la contingencia sanitaria.
Expuso ante senadoras y senadores el programa de diferimiento de pago de capital e intereses, al que aproximadamente 4.7 millones de empresas y personas se han sumado, beneficiando a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipyme), tarjetahabientes, clientes de créditos empresariales, hipotecarios y a personas físicas con actividad empresarial, entre otros.
El presidente ejecutivo de la ABM, Carlos Rojo, recalcó la importancia de fortalecer la cultura del ahorro, especialmente en un momento en que la crisis ha provocado que se incrementen los retiros parciales a las AFORE como ayuda para desempleo, de modo que, al momento de retirarse, los ciudadanos cuenten con una pensión adecuada.
Por su parte, los cuatro vicepresidentes de la Asociación expusieron sobre distintos cuestionamientos realizados por los legisladores. Raúl Martínez-Ostos aseguró que los inversionistas extranjeros aún observan con cautela el desempeño nacional, en espera de señales claras sobre el rumbo que tomará el país.
El también vicepresidente, Eduardo Osuna,comentó que la banca es parte de la solución y aseguró que el gran reto al que enfrentará el gremio no es la falta de liquidez, sino cómo apoyar a los clientes para que puedan seguirse refinanciamiento.
El vicepresidente, Enrique Zorrilla, profundizó al afirmar que mantener un buen historial de pago debe considerarse como parte del patrimonio personal y que la buena reputación crediticia es fundamental para que las personas puedan seguir accediendo a créditos.
Los senadores del PAN externaron su preocupación por la crisis que se vive y lo que vendrá después de ella; la cancelación de proyectos de inversión en infraestructura y energía; y la falta de coordinación en los esfuerzos por atender la contingencia sanitaria y la emergencia económica, entre otras.