En las campañas políticas hay un exceso de dinero legal e ilegal, que sirve para comprar beneficios futuros para los negocios, afirmó el estudio Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México.
En el documento se reporta que por cada peso como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos que se mueven debajo de la mesa, que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce.
En promedio, los candidatos a gobernador gastan diez veces más que el tope legal. Si el tope promedio es de 46.8 millones de pesos (mdp), el gasto promedio ejercido es de 470 mdp, con casos superiores y otros inferiores, dependeo del tamaño de la entidad y su nivel de competitividad electoral.
Las principales fuentes de financiamiento ilegal son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado.
Las principales modalidades de desvío de recursos públicos son recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros.
Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma o fachada, cobertura ilegal de medios, entre otros.
El dinero a campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación.
El principal destino del dinero ilegal en campañas es el clientelismo electoral en la compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura en medios.
Los partidos políticos han recibido más de 70 mil 187 mdp por parte de recursos federales para las campañas desde 1997 a la fecha, de acuerdo con el documento.
El estudio demuestra que el generoso sistema de financiamiento público de partidos y campañas que nació en 1996 ha fracasado en combatir la influencia del dinero ilegal en la vida democrática y que se requiere recomponer el sistema de pies a cabeza.
El estudio se realizó con una amplia investigación documental y hemerográfica en la que se entrevistaron a más de 60 actores vinculados a campañas, entre ellos gobernadores, candidatos, operadores políticos, estrategas de campaña, asesores, empresarios, funcionarios públicos, encuestadores, directores de medios y periodistas.
