En México, la perspectiva en 2023 sugiere que el sector servicios se apoyará en la continua reapertura de la economía por el control de covid-19 y la potente llegada de remesas familiares, que estimamos sobre los 50 mil millones de dólares ante el sólido desempeño del mercado laboral de Estados Unidos y los ahorros de los connacionales que resultaron de las ayudas del gobierno estadounidense durante la pandemia en un ambiente local enrarecido por las políticas públicas, señaló Bursamétrica.
Sin embargo, factores como la inflación rebasando el objetivo del Banco de México, el mayor costo del dinero, el enfriamiento del turismo por la fuerte desaceleración de la economía local e internacional, y una creación de empleos más moderada por la baja actividad económica, frenarán su recuperación.
En el caso de la industria, ésta se verá todavía favorecida por un precio de la mezcla de petróleo de exportación que rondaría los 66 dólares el barril en promedio.
También seguiría beneficiada por las menores restricciones en las cadenas de suministro, de prosperar la reubicación de un buen número de empresas extranjeras de sectores diversos que buscan producir en México, para abaratar costos de carga y aprovechar la integración de México al T-MEC.
Por otra parte, hay factores que estarían inhibiendo la oportunidad de su sólido repunte. Es el caso del mayor costo del crédito, la desaceleración de las exportaciones por la menor actividad de la economía norteamericana; las importaciones de combustibles caros, la lenta transición hacia el uso de energías que son amigables con el medio ambiente, y las políticas institucionales para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y acotar esquemas como el autoabastecimiento eléctrico, o negar permisos para la entrada en operación de nuevas plantas que abaratarían los costos de la energía para las empresas.
La perspectiva también mantiene la tendencia del gobierno a hacer un uso discrecional de su gasto para apoyar los proyectos de infraestructura sexenales y aumentar la participación de la milicia en la ejecución de obras públicas, manteniendo espacios restringidos para el florecimiento y la consolidación de la industria privada.
El sector primario seguirá con el reto de producir alimentos con periodos de sequía o tormentas torrenciales más frecuentes que amenazan su actividad por efecto del calentamiento global.
Los productores continuarán experimentando lentos progresos en la oferta de fertilizantes, cuyos precios y disponibilidad fueron afectados por la invasión de Rusia a Ucrania, dado que Rusia es el mayor proveedor de fertilizantes de México.
Aún con los apoyos del gobierno a las labores del campo, los elevados precios de los combustibles, el cumplimiento normativo del T-MEC en materia sanitaria y los problemas de inseguridad en el país, prevén un discreto rendimiento del sector en el próximo año.
La floja actividad económica, el adelgazamiento del aparato gubernamental, la ocupación de militares en obras públicas y un clima enrarecido para que las empresas realicen inversiones y promuevan el empleo formal mejor remunerado, suponen que la tasa de desempleo en el año 2023 aumente al 3.7% en promedio desde el 3.5% en que terminaría el año 2022.
La llegada de empresas extranjeras a territorio nacional supone un freno al mayor deterioro del mercado laboral, cuya tasa de informalidad supera el 55% de la población ocupada.
En el año 2023 el control de la inflación seguirá siendo un foco de preocupación para el Banco de México.
La recesión global disminuirá la demanda de combustibles, la continuidad de la invasión de Rusia a Ucrania evitará que los precios de los energéticos y algunos alimentos desciendan significativamente.
A nivel interno, las revisiones salariales que se ajustarán a la inflación y a lo establecido en el T-MEC, los cambios extremos en la temperatura ambiente y la escasez de fertilizantes en la producción de productos básicos, harán que la inflación disminuya moderadamente hasta un 5.5% anual, lo que llevaría al Banco Central a realizar aumentos adicionales en su tasa de interés de referencia para mantenerla en 11.0% anual con el fin de apoyar la convergencia de la inflación a su objetivo de 3.0% anual.
La inflación todavía alta no descarta que el gobierno eventualmente haga uso del subsidio a los combustibles, o regule las importaciones y exportaciones de algunos alimentos para garantizar su oferta y reducir las presiones de los precios al interior de la economía.
En las finanzas públicas, los ingresos continuarán respaldados por la venta de petróleo de exportación y la enérgica recaudación de impuestos.
El nulo crecimiento económico reducirá los ingresos tributarios y obligará al gobierno a contraer mayor deuda o a seguir con los “ahorros” en el manejo de su gasto.
El endeudamiento neto del gobierno federal aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 es de 1.17 billones de pesos, cifra mayor a los 845 mil 800 millones aprobados en el ejercicio 2022.
Hasta ahora, los moderados niveles de endeudamiento público en un contexto de elevadas tasas de interés, y la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 47 mil millones de dólares, no prevén grandes riesgos para que el gobierno financie sus operaciones el próximo año.
De acuerdo al Plan Anual de Financiamiento 2023 de la Secretaría de Hacienda, el Saldo de los Requerimientos Financieros del Sector Público para el próximo año tienen una probabilidad del 90% de alcanzar el 52.5% del PIB respecto al 49.8% del PIB estimado para el año 2022.
En un contexto de baja demanda externa por la tibia actividad económica de Estados Unidos y un tamaño reducido del mercado interno, la balanza comercial recortaría su déficit a 20 mil millones de dólares.
Un tipo de cambio por arriba de los 20 pesos por dólar alentará las importaciones y restará competitividad a las exportaciones, mientras la relocalización de industrias extranjeras en el país que está en marcha, impulsará el comercio.
Al mismo tiempo, los precios del petróleo todavía elevados, la robusta entrada de remesa familiares, la llegada de inversión extranjera directa por el nearshoring, el control de las finanzas públicas y el buen manejo de la deuda externa por parte del gobierno, prevén que el déficit en cuenta corriente disminuya su monto a alrededor de los 11,500 millones de dólares (mdd).