La modernización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no debe transgredir el estado de derecho, respetar las condiciones de la inversión privada y sin dividir a la sociedad, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, sostuvo que los compromisos firmados en los tratados internacionales obligan a México a la producción del 35 por ciento de energía con el menor perjuicio al medio ambiente.
Salazar Lomelín que la iniciativa para fortalecer a la CFE enviada el viernes pasado es un retroceso a la década de los 70s, además de que los recursos que tiene la empresa productiva del Estado no cuenta con los recursos para satisfacer el crecimiento de la demanda que se estima en 87 mil millones de pesos (mdp) y sólo tiene presupuesto de 45 mil mdp, los que también se tienen que destinar a la distribución y transmisión del fluido eléctrico.
El presidente de la Coparmex sostuvo que las inversiones realizadas en la generación de energías limpias deben mantenerse sin cambios, es decir, no aplicar medidas retroactivas.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez, advirtió que este cambio tendría un impacto en los precios de la energía con efectos nocivos para la competitividad de la planta empresarial.
Salazar Lomelín señaló que la entrega de la electricidad que producen los privados podría verse afectada hasta en un 55 por ciento, lo que dependerá de las condiciones que fije la CFE.
El presidente del CCE indicó que a la cúpula empresarial le interesa que la modernización de la empresa en propiedad del Estado sea competitiva, pero sin afectar los intereses privados y con diálogos constructivos que apunten a las mejores soluciones sin transgredir las leyes y sin dividir a la opinión pública.
La cúpula empresarial reiteró que no se opone a fortalecer a CFE, pero sin limitar o cerrar el sector eléctrico, como se encuentra firmado en el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
Finalmente, advirtió Salazar Lomelín que en caso de transitar la propuesta del Ejecutivo Federal correrá la misma surte en el Poder Judicial que la anterior propuesta, es decir, tendrá una suspensión definitiva.