La decisión sobre la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco será la llave que cierre o abra la puerta de la confianza con la clase empresarial por parte de la administración López Obrador.
La administración del nuevo gobierno contempla al sector privado como un aliado indispensable para lograr sus objetivos de gobierno para impulsar el crecimiento económico, integración regional y disminución de la pobreza.
Se contempla que el sector privado participe en los proyectos como el Tren Maya, que correrá por 5 estados del sureste, en el que se contempla una inversión de 120 mil a 150 mil millones de pesos (mdp) con 4 años de duración en los que el gobierno aportaría entre 28 mil a 30 mil mdp.
Si la administración López Obrador quiere al empresariado mexicano como un inversionista en su gestión deberá considerar que si el NAIM se suspende no lanzará la mejor señal para la participación en los proyectos de gran envergadura que quiera emprender.
Hasta el momento el gabinete de transición ha manifestado que si el NAIM se suspende para cambiar al proyecto de Santa Lucía se respetarán y honrarán los compromisos que van de 100 a mil a 120 mil mdp.
Aunque así sea, la iniciativa privada no estaría conforme con esta decisión (que considera el gobierno será polémica) porque se rompe la tónica para la siguiente etapa de negocios al cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para que se convierta en una zona habitacional y comercial para dar un nuevo rostro a la ciudad, en la que el magnate Carlos Slim tiene levantada la mano para las 710 hectáreas que tiene la estación aeroportuaria.
No sólo es el negocio del NAIM lo que se cancela, sino el siguiente, por eso toma gran relevancia la decisión que tome la siguiente administración.