Olga Sánchez Cordero, quien será la primera mujer secretaria de Gobernación, afirmó que la prioridad del siguiente gobierno será el respeto a los derechos humanos para volver a un estado de derecho efectivo.
La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ex consejera de Banorte, Sánchez Cordero, enfatizó que “nuestra prioridad será la defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos, no queremos simulaciones, queremos visibilizar los temas, ponerlos sobre la mesa: qué si tenemos muertos, desaparecidos, no ocultar cifras, allí están, avanzar con la sociedad civil para resolver el tema. No hay estado de derecho si no se atienden puntualmente las cuestiones de corrupción, impunidad”, aseveró.
Adicionalmente, indicó que las fiscalías están rebasadas “ni siquiera están levantando las denuncias penales, los cemefos no tienen la capacidad para recibir los cuerpos, no hay manera de identificarlos. Hay que hacer políticas públicas de gran envergadura en materia de fiscalías”.
Sánchez Cordero señaló que a la fecha resuelven cuestiones que no le corresponden, “es costumbre que un acreedor que pretende cobrar la deuda en lugar de acudir a un juicio de carácter mercantil intenta hacerlo por la vía penal para cobrarla rápidamente y tratar de adecuar el uso penal a un abuso de confianza, a un fraude o cualquier otro delito patrimonial, eso no lo debería de estar conociendo el ministerio público”.
Especificó que el “80 por ciento de las causas penales que se denuncian ante las fiscalías son causas que no deberían de serlo, que deberían de resolverse en vías alternativas de resolución de controversias, juicios mercantiles o familiares. Las fiscalías deberían de quedarse con delitos de alto impacto únicamente, es decir, el 20 por ciento de lo que se denuncia en las procuradurías”.
Además, dijo que en la parte de la Ley de Amnistía se pretende “despenalizar algunas cuestiones de las drogas como la marihuana, y en un futuro, de la mano con la ONU podríamos hablar de la amapola con fines medicinales”.
Por último, indicó que durante la administración López Obrador se planea retirar lentamente a las fuerzas armadas de las calles para sustituirlas por una policía eficaz y así reducir la inseguridad para que el “país vuelva a un estado de derecho, constitucional, social, de derecho que hoy, perdónenme, está cuestionado”, concluyó Sánchez Cordero.