La subcontratación u outsourcing se cuadruplicó en los últimos 15 años al pasar de un millón a 4.1 millones de personas bajo esta tipo de contratación, por lo que urge que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa correspondiente acordada en el gobierno federal, el sector privado y los trabajadores para la recuperación del empleo y los derechos laborales.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha mostrado con datos del Observatorio de Trabajo Digno, el escándalo de millones de personas que trabajan sin ingreso suficiente para cubrir el costo de la canasta básica familiar, y en condiciones precarias que generan carencias sociales, como la falta de afiliación a la seguridad social en más de 14 millones de trabajadores, y la falta de contratos estables en 17.7 millones de trabajadores.
La subcontratación se ha multiplicado por 4 en 15 años, al pasar de 1 millón de personas en 2004 a 4.1 millones en 2019. Y su peso proporcional en el conjunto de la población ocupada se ha multiplicado por 2.5 al pasar del 6 por ciento del total de la población ocupada en 2004 al 15 por ciento en 2019.
En las grandes empresas, el personal subcontratado representa casi una cuarta parte del total del personal ocupado al representar el 23 por ciento y en las medianas empresas un 30 por ciento.
Especificó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que es necesario evitar la confusión entre subcontratación abusiva y la prestación de servicios especializados.
Las empresas de servicios especializados contribuyen a la productividad por lo que deben ser impulsadas, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones laborales. Incluso, las empresas de servicios especializados de reclutamiento y contratación de personal, cuando cumplen con la ley y se apegan a estándares internacionales son positivas para la economía y la generación de empleos, que resultan valiosos para acelerar la reactivación económica post pandemia.