El paquete económico 2021 propone un crecimiento económico de 4.6 por ciento con una aplicación de los beneficios de la austeridad en favor de los que menos tienen, informó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.
En la ceremonia de entrega en la Cámara de Diputados, el titular de las finanzas nacionales reiteró que no se recurrirá al endeudamiento para no complicar más la situación del presupuesto en el futuro al tener mayores compromisos financieros.
Para el año entrante el proyecto del Ejecutivo Federal propone ingresos de 6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos (mdp), de los que un billón 908 mil 813.4 mdp corresponderán al al Impuesto Sobre la Renta (ISR), al Impuesto al Valor Agregado 978 mil 946.5 mdp, al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 510 mil 702.7 mdp, 61 mil 638.4 mdp para el impuesto a la importación, 6 mil 900.2 por Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos y 58 mil 962 mdp a los accesorios.
Se propone un precio de la mezcla mexicana de 42.1 dólares por barril con una plataforma de producción de un millón 857 mil barriles diarios.
En las cuestiones financieras propone para el tipo de cambio 21.9 pesos por dólar y una tasa de interés objetivo del Banco de México de 4.0 por ciento y un balance primario de 0.0 por ciento con la inclusión de los remanentes de operación del Banco de México (Banxico) y sin ello un déficit de 0.2 por ciento.
En materia fiscal la SHCP argumentó que incrementar los impuestos tendría efectos negativos por la situación que atraviesan las empresas y el país.
En este aspecto propone avanzar en la estrategia de fomentar mayor responsabilidad y equidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, así como de recuperar los recursos que son legítima propiedad del Estado. Además, los impuestos y los derechos solo se actualizan conforme a la normatividad vigente o por actualización en los costos de provisión de bienes de la Nación y servicios gubernamentales.
Las políticas en materia fiscal, de ingresos, de gasto y de deuda orientadas a ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, particularmente los servicios orientados a la atención de los grupos más vulnerables; promover un restablecimiento rápido y sostenido del empleo y de la actividad económica; continuar reduciendo las brechas de desigualdad y y asegurar la sostenibilidad fiscal de largo plazo.