No tardo mucho en salir el peine entre las nueva política energética y las calificadoras. A menos de 100 días del nuevo gobierno las calificadoras Standard & Poor´s y Fitch Ratings cambiaron la perspectiva de estable a negativa.
Las calificadoras argumentan que Petróleos Mexicanos (Pemex) no podrá salir avante en la extracción y producción del crudo. Además, señalan que la íntima relación con el gobierno federal imposibilita que las decisiones sean únicamente de negocio, sin tintes políticos.
Además, argumentan que la refinación de crudo ya no es buen negocio y que se tienen que destinar más recursos de los que el país obtendrá por su autosuficiencia en gasolinas.
El gobierno del presidente López Obrador sostiene que sí es negocio y que la reforma energética no ofreció los beneficios que deben plantear cualquier cambio estructural: menores precios a los consumidores.
A la fecha se tiene más de 30 marcas de gasolineras. De las 11 mil estaciones de servicio, el 21 por ciento opera bajo una nueva marca con precios que todavía no se reflejan en una competencia.
Con la reforma energética se tenía la promesa de llegada de casi 200 mil millones de dólares (mdd) en los siguientes 5 años, se informó al final del sexenio del presidente, Enrique Peña Nieto.
Con la apertura del sector energético más de 194 empresas incursionaron sólo se registraron inversiones menores a los 800 millones de dólares.
Pemex y la nueva política energética se considera por las calificadoras como inviable por los altos compromisos financieros que tiene la empresa productiva del Estado y los compromisos de apoyo sociales del nuevo gobierno que repercuten en el apoyo que se quiera dar a la principal empresa de México.
Esta diferencia se veía venir entre las calificadoras y el nuevo gobierno, pero los resultados son innegables, la reforma no generó frutos en inversiones, empleo y precios, y sólo el tiempo responderá si la nueva política fue atinada para atender estos pendientes, lo que se ve sumamente complicado.