La calificación crediticia soberana de México puede ser degrada por las agencias calificadoras por las presiones financieras que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) y mayores compromisos financieros por las medidas compensatorias para las pensiones laborales, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
El presidente del IMEF, José Domingo Figueroa Palacios, enfatizó que en términos anualizados, el déficit ampliado alcanza 6 por ciento del PIB y México no ha visto un déficit de tal magnitud desde 1988, lo que expone a la economía a un abrupto recorte al gasto para reducirlo o iniciar una era de déficits fiscales mayores al nivel prudente de 3 por ciento con los riesgos asociados.
“De optar por la segunda opción, la calificación soberana podría sufrir una primera baja en los siguientes 12 meses y abrir la posibilidad a una pérdida del grado de inversión en 2025 o 2026”.
José Domingo Figueroa Palacios, presidente IMEF
El reporte de Pemex aumenta la probabilidad de una degradación de la calificación de la deuda del gobierno federal en caso de no tomar las medidas pertinentes para la reducción del déficit fiscal.
El presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera Espinosa, apuntó que las calificadoras han volteado al incremento del déficit fiscal y en los siguientes años el gobierno entrante deberá corregir esta situación para que la calificación que se tienen de Standard Poor´s y Moody´s de BBB+ y la Fitch Ratings de BBB- no se degrade.
Advirtió que esta situación se advierte muy difícil porque se debe recortar un billón de pesos de lo destinado al gasto público y así retornar a un déficit del 3 por ciento.
Otro aspecto que presiona a las finanzas del gobierno son las recientes modificaciones para que pensiones al término de su vida laboral sea de un salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que a la fecha es de 16 mil 777.8 pesos.
Se explicó el presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social, Orlando Corona Lara, que esta medida tendrá una escasa cobertura, al considerar que el beneficio va dirigido solo al 31 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), de los cuales solo entre el 16 y 22 por ciento cumplirán los requisitos establecidos de rango salarial menor a 5 UMAS y mil semanas de cotización.
Las nuevas medidas pensionarias implican un incremento al costo fiscal vigente entre el 12 a el 16.7% del PIB, considerando que al ser irrevocable es de largo plazo, este costo es adicional al de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) y no considera la creación de 3 reservas que garanticen la devolución de los saldos reclamados de las cuentas transferidas, puntualizó Corona Lara.
El IMEF considera urgente dar a conocer las reglas de operación, así como realizar las reformas legales (LSS y LISSSTE) relacionadas con la pensión de vejez que definan y obliguen su ejecución; definir el régimen de inversión del fondo; adicionalmente, se percibe necesaria la participación del sector obrero y empresarial en el comité técnico, concluyó Figueroa Palacios.