La reforma de la industria eléctrica publicada el día de ayer en el DOF es “anticonstitucional y anticonvencional” y confía en que el Poder Judicial sea imparcial, afirmó la International Chamber of Commerce México (ICC).
Explicó que es inconstitucional porque es contraria a los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17, 25, 27, 28 y 33 de la Constitución Federal, es decir, viola la obligación estatal genérica de defensa de los derechos humanos; el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; el principio de irretroactividad de la ley; el principio de seguridad jurídica; el principio de sustentabilidad y competencia; la prohibición de monopolios; y el respeto a los tratados internacionales.
Además, resulta anticonvencional porque es contraria a los principios de protección a la inversión extranjera, competencia, medio ambiente y buenas prácticas regulatorias contenidos en los capítulos 14, 21, 24 y 28 del T-MEC; al principio antimonopolios del artículo 17 del Tratado de Asociación Transpacífico; al artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo; al Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU; a los compromisos de México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; y porque pone en riesgo el cumplimiento de las metas trazadas en el Acuerdo de París. La ICC advierte que se tendrá una oleada de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, por lo que será el Poder Judicial el encargado de determinar la prosperidad o muerte de la reforma.
En caso de prosperar, indicó, se vislumbra inminente el inicio de múltiples arbitrajes de inversión a la luz de los acuerdos internacionales firmados por México y que establecen un marco de protección y seguridad para los inversionistas extranjeros y sus inversiones en el territorio nacional.
La ICC México confía en la independencia, autonomía y capacidad del Poder Judicial, el cual, como ya ocurrió en el pasado respecto a la materia al otorgar varios amparos que han defendido con gallardía la dignidad de la Carta Magna y de los acuerdos internacionales de los que México es parte, concluyó el ICC.