Las decisiones de política y contratos en cuestiones energéticas disminuyen la certidumbre para la inversión y el crecimiento, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
El sector patronal advirtió que si la administración federal no cambia sus políticas en materia de energía “no logrará su meta de crecimiento”, afirmó.
Agregó que varias de las acciones del gobierno crean incertidumbre para la inversión internacional.
Esta semana, por ejemplo, la CFE intentó anular contratos celebrados con Trans-Canada e IEnova en la construcción del gasoducto Texas-Tuxpan.
Este proyecto representa una inversión de 2 mil 500 millones de dólares (mdd) y tiene la capacidad de transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo que permitiría aumentar en 40 por ciento la distribución de gas natural en México.
El sector patronal indicó que como era de esperarse, la posible anulación de estos contratos, otorgados a través de una licitación pública internacional, ha ocasionado reacciones negativas de forma inmediata. El embajador de Canadá declaró su preocupación públicamente en Twitter. Asimismo, España, Japón y Alemania ya se encuentran monitoreando el tema pues de generalizarse la anulación de contratos también serían afectados, puntualizó.
“Anular contratos pone a México en un terreno resbaloso pues una de las condiciones necesarias para el crecimiento económico es la inversión privada. Si ésta no encuentra condiciones para desarrollarse o percibe un ambiente incierto, la derrama económica se reduce”.
Detalló que el Ejecutivo no otorga certidumbre, sino que genera una creciente desconfianza afecta el desempeño económico de México.
Apuntó que especialistas encuestados por el Banco de México concuerdan en que el principal factor que podría estar obstaculizando el crecimiento de la economía mexicana actualmente es la falta de certidumbre generada por la política interna con 18 por ciento de las respuestas.
Las decisiones políticas de la actual administración abonan a una falta de certeza hacia los capitales internacionales y domésticos.
Advirtió que por esta situación, podrían ocasionar contracciones en la generación de empleo formal y fuga de flujos de inversión.
“Debemos reconocer que México no se encuentra en condiciones para crear incertidumbre pues la inversión privada, que ya es de por sí muy baja. La inversión se redujo en 2.1 por ciento en el primer trimestre de 2019 y ha sido inferior al 1 por ciento en los últimos doce meses. Es en parte debido a esto que los estimados de crecimiento para 2019 han bajado consistentemente, de 2.3 a solo 1.7 por ciento en el último año y medio”.
Señaló la Coparmex que con el nivel de inversión privada actual no será posible lograr el crecimiento del 4 por ciento que el gobierno ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.
“Consideramos imperante que el gobierno federal promueva una estrategia energética que genere certidumbre y cumplimiento de la ley”, afirmó el sector patronal.
Los ajustes en las políticas públicas son completamente naturales y propios de la alternancia democrática. Varias las acciones que deben reconsiderarse para lograr la certidumbre requieren terminar con la paralización de proyectos de inversión energética que no abona a una mejor economía.
“Se deben reanudar las rondas de exploración por parte de las empresas privadas aliadas con Pemex. El gobierno federal debe comprender que las alianzas con privados han permitido que acceda a 670 millones de dólares de inversión. A todas luces esto es positivo. Las alianzas con capitales privados no deben ser evaluadas desde un punto de vista ideológico sino pragmático, ya que solo así se tomarán decisiones en favor de todos los mexicanos. Si el gobierno detiene las rondas de exploración, la producción petrolera se detendrá afectando severamente las finanzas públicas”, alertó.
Además, cancelar contratos firmados por gobiernos anteriores sólo porque el gobierno actual los considera injustos crea más problemas que beneficios.
El gobierno y el sector privado solo pueden cooperar de forma productiva si existe la certeza de que, aún ante un cambio de administración, los contratos acordados serán respetados.
“La economía mexicana puede verse severamente afectada si el gobierno federal continúa teniendo una toma de decisiones errática y poco pragmática”, concluyó la Coparmex.