El Presupuesto 2020 tiene un alto contenido electoral con recursos destinados a los programas sociales de la administración López Obrador y olvida estimular de manera directa el crecimiento económico con un gasto productivo que genere condiciones económicas que permitan disminuir la pobreza, señaló el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indicó que Presupuesto aprobado asciende a 6 billones 107.7 mil de millones de pesos (mdp), cifra aprobada en la Ley de Ingresos y superior en 11 mil 397 mdp respecto al paquete económico originalmente propuesto por el Ejecutivo, lo que refleja una buena señal, toda vez que refrenda el compromiso del gobierno y el Congreso de mantener dentro de un equilibrio razonable las cuentas del sector público.
En este contexto, los indicadores generales de las finanzas públicas prácticamente no muestran modificaciones respecto a la propuesta. El déficit público se mantiene sin cambio en 547.1 mil mdp. Y aunque el superávit primario tiene una ligera reducción de 5.5 mdp, como porcentaje del PIB se mantiene sin cambio. Estos resultados representan un mensaje positivo para los mercados y analistas, quienes han estado atentos a la evolución de las finanzas públicas, como indicador fundamental de la estabilidad de la economía.
La premisa del presupuesto debe ser la eficiencia en la asignación de los recursos, sobre todo en un entorno en que la debilidad de los ingresos probablemente prevalecerá en virtud de un crecimiento económico probablemente menor al proyectado en el PEF.
Sin embargo, al estudiar la distribución de los recursos aprobada en el PEF 2020, se encuentran aspectos que conviene resaltar y dar seguimiento en el futuro, apuntó el sector privado.
Si bien una parte importante se canaliza a los programas asistenciales y proyectos insignia del gobierno, algunos de ellos sufren ajustes a la baja, reflejo, probablemente, de la falta de los estudios de rentabilidad social entre otros que confirmen su viabilidad.
Además, se descuidan rubros con potencial de generar un impulso de la actividad económica y que en el mediano y largo plazo podrían fortalecer la productividad y competitividad del país.
“Lamentablemente, ni el uso de esos recursos adicionales ni las reasignaciones parecen haberse dirigido a rubros que contribuyan a la reactivación del crecimiento económico”.
Se distribuyeron un total de 23.9 mil mdp, provenientes del aumento de los ingresos presupuestales en 11.4 mil mdp y de una reasignación entre diversos ramos de gasto por 12.5 mil mdp.
Destaca la disminución de 4.2 mil mdp en los ramos autónomos, en especial el recorte de 1.3 mil mdp al Poder Judicial, de 1.1 mil mdp al Instituto Nacional Electoral (INE) y de 1.5 mil mdp a la Fiscalía General de la República (FGR).
En términos relativos al proyecto del Ejecutivo, los más afectados fueron el INE, -6.0 por ciento, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, -11.0 por ciento, y el Instituto Nacional de Transparencia, -5.4 por ciento.
Los rubros administrativos que se vieron más beneficiados con el reacomodo de los recursos fueron Bienestar con 8.4 mil mdp, Agricultura y Desarrollo Rural con 1.3 mil mdp y Educación Pública con 1.6 mil mdp, todos relacionados con los programas sociales del gobierno.
Sin embargo, a pesar de estos ajustes finales, al comparar los resultados con el PEF 2019 la historia cambia radicalmente. Por una parte, aún con los recortes que sufrió el gasto de Ramos Autónomos, su presupuesto crece 17.9 por ciento en términos reales respecto a lo aprobado para el 2019.
Por el contrario, los ramos administrativos, a pesar de haberse beneficiado de la reasignación final, tendrán un gasto inferior en 2.5 por ciento real comparado con lo aprobado para este año.
Destacan las reducciones de 29.8 por ciento en el gasto en Agricultura y Desarrollo Rural, de 21.1 por ciento en Comunicaciones y Transportes, de 35.6 por ciento en Trabajo y Previsión Social, 43.7 por ciento en Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de 44.7 por ciento en Turismo.
Entre los beneficiados sobresale la secretaría del Bienestar, que integra varios de los programas asistenciales prioritarios para el gobierno, y que recibió recursos adicionales al proyecto de PEF, con lo que su asignación finalmente supera en 16.3 por ciento real el gasto aprobado para el presente año.
Señaló que como es natural en todos los gobiernos, y más aún cuando cuentan con las mayorías en el Congreso, el presupuesto de egresos refleja sus prioridades políticas.
El primer presupuesto del nuevo gobierno no es la excepción y privilegia un beneficio a la población a través de programas asistenciales con el fin de reducir rápidamente la pobreza.
El CEESP enfatizó que “resulta difícil ignorar el elevado contenido político electoral de este presupuesto, debido a las transferencias directas mediante las que operan los programas sociales prioritarios. Mientras que no cuenten con reglas de operación, padrones y objetivos claros y transparentes que los hagan evaluables, es poco probable que dichos programas asistenciales tengan un efecto permanente o duradero en el bienestar social”.
Adicionalmente, más allá de lo que puedan elevar el consumo de la población, esos programas no parecen tener ningún efecto sobre la productividad, la inversión o el crecimiento, consideró el sector privado, enfatizó el sector privado.
Agregó que con la distribución de los recursos presupuestarios se limitan los recursos hacia actividades productivas con efectos positivos en el crecimiento, el empleo y el bienestar.
Reiteró que la inversión física se mantiene como uno de los renglones de ajuste del gasto público. Si bien hasta el momento no se ha publicado la clasificación económica del gasto aprobado, se puede intuir que los recursos destinados a inversión física se mantuvieron sin cambio, lo que significaría una nueva caída de alrededor de 5 o 6 por ciento real respecto al presupuesto 2019.
Algo similar a los programas sociales asistenciales no evaluables pasa con los proyectos de inversión emblemáticos, como son la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucia y el Tren Maya.
Mientras no cuenten con estudios de rentabilidad social no hay nada que indique que estimularán el crecimiento, consideró el sector privado.
Indicó que los recursos asignados a dichos proyectos, de acuerdo con el Proyecto de PEF, son menores en relación con el costo de los mismos, quizá con la excepción de Dos Bocas, en el que la asignación presupuestaria para 2020 representa alrededor de una cuarta parte del costo total.
Las cifras conocidas se pueden interpretar que hasta ahora, el progreso de los proyectos no es tan prioritario para el gobierno como lo indica su discurso, advirtió el CEESP.
“El elevado contenido electoral y aparentemente demagógico del presupuesto 2020, podría ser un pesado lastre para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el gobierno”.
Consideró que para solucionar los problemas financieros del país y mejorar la distribución de la riqueza se requieren recursos claramente productivos. Para ello, es a su vez necesario un gasto dirigido a la inversión productiva en infraestructura, el mejoramiento de los servicios que eleven al capital humano de la población, en salud y educación principalmente, así como el abatimiento de la inseguridad pública.
Mucho de la eficiencia del gasto reflejará hacia donde se inclina la balanza, si a mantener un gasto asistencialista o atender las necesidades en materia de salud, educación y seguridad, concluyó el CEESP.
