El proceso de reconstrucción se encuentra totalmente opaco, lo que es “desesperante” para los damnificados que no saben qué esperar ante la ausencia de un proceso de planeación a casi seis meses de que sucedieron los sismos, señalaron los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El investigador Mauricio Merino Huerta, afirmó “que la clase política tiene secuestrado el proceso de reconstrucción y la sociedad civil se tiene que unir para exigir una clara respuesta en la Ciudad de México y en el resto de los estados afectados”.
Especificó que “fue testigo de la designación de 7 mil 754 mdp en la ciudad de México sin una estipulación de la aplicación de los recursos”.
Además, especificó que el proceso se encuentra en un “caos” actualmente porque no se conocen los recursos aportados y los criterios de aplicación.
“En Oaxaca sólo una persona tenía la información y no la hacía pública”, reveló la investigadora Minerva Veloz Márquez.
Además, en el documento se establece que la Asociación de Bancos de México (ABM), que encabeza Marcos Martínez Gavica, de 92 bancos registrados por el SAT, de los cuales 46 son comerciales, se logró recabar información únicamente de diez instituciones bancarias.
En una reunión con el presidente de la República el 8 de noviembre de 2017, Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, indicó que los 46 bancos que integran la ABM recaudaron 403 millones de pesos (mdp) para la reconstrucción con corte al 3 de noviembre, sin mencionar coordinación alguna con autoridades federales para conocer los diagnósticos, la planeación o las mejores estrategias para la distribución, asignación o ejecución de dichos recursos.
En contraste con la cifra reportada por la ABM, tan solo con la información disponible para cinco de las diez instituciones bancarias puede contabilizarse una suma de 709.7 mdp al eliminar la modalidad 1×1 de Banorte, Banamex y Banco Azteca, y de 5×1 de Inbursa y Fundación Slim. Si no se elimina esta condición, el monto ingresado alcanza la suma de 2 mil 864.5 mdp.
La investigadora Veloz Márquez detalló “que sólo pudieron rastrear un 60 por ciento del universo de información sobre los fondos públicos y privados”.
Los investigadores enfatizaron que no hay claridad en los fondos públicos y privados para atender la emergencia que se vive desde Septiembre pasado.
Merino Huerta enfatizó “que no tienen evidencia para afirmar o negar que los recursos recaudados tengan un uso político o se esté generando un beneficio financiero o de nuevos negocios”.
Los investigadores consideraron que debe existir una plataforma única que concentre toda la información de los recursos obtenidos, así como los criterios para su aplicación de manera efectiva, derivada de una verdadera planeación, propuesta que hicieron a la administración Peña Peña, quien les respondió gracias por la sugerencia.
Finalmente, una de las damnificadas de la delegación Benito Juárez, Erika García, aseguró que los recursos “no están llegando a los damnificados, se apuesta a caso por caso y al beneficio y a la asociación con empresas particulares apalancando con los beneficios de la Ley de Reconstrucción”.