La propuesta presidencial para una simplificación órgánica de la administración federal debe ser analizada y modificada por el Congreso de la Unión para no incumplir acuerdos internacionales como el T-MEC y ahuyentar la inversión privada internacional que llega por el nearshoring, advirtieron los industriales de la transformación y los ejecutivos de finanzas.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) expone que el “Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones en materia administrativa” dentro de la exposición de motivos se destacó integrar atribuciones a la administración pública federal que son del poder judicial y no solamente decisiones administrativas, lo que deja sin derecho a una legítima defensa a los proveedores del gobierno federal.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) considera que de aprobarse este Proyecto de Decreto sin cambio alguno se atentaría contra el estado de derecho, se convertiría en un inhibidor de la inversión en el país al trastocar la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos y empresas al dejarlos en estado de indefensión frente a actos de gobierno que pueden resultar arbitrarios y sin un fundamento objetivo.
Al incluir la cláusula exhorbitante de manera obligatoria en todas las adquisiciones del sector público, que permite la terminación o cancelación anticipada de contratos causa incertidumbre jurídica, contraviene el marco legal de igualdad ante la ley en la firma de contratos y violenta garantías constitucionales, enfatizó Canacintra.
Sobre la posibilidad de no ser necesarios estudios de impacto ambiental para la realización de obras públicas, contraviene no sólo la obligación de resguardar el patrimonio nacional y sus recursos naturales, también acuerdos internacionales desde comerciales como el T-MEC o convenciones internacionales como el acuerdo de Paris de 2015, siendo estos del mismo rango de obligatoriedad que la Constitución.
El IMEF destaca que una aprobación de la reforma presidencial enviada a la Cámara de Diputados el pasado 13 de Abril se atentaría contra el medio ambiente y los recursos naturales.
La Canacintra solicita que solicite la participación de los industriales de la transformación en el análisis de la propuesta presidencial para evitar dañar la competitividad del aparato productivo nacional.
El aprobar la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal provocaría una serie de amparos en defensa de las garantías que resguarda la Carta Magna y se generaría incertidumbre jurídica tanto para la inversión pública como para la Inversión Extranjera Directa (IED).
El IMEF exhorta al Congreso de la Unión a rechazar la iniciativa como está planteada, a fin de mantener la certidumbre jurídica necesaria para un entorno económico y de negocios que contribuya al crecimiento del país, así como para alcanzar mayores niveles de bienestar social y reducir las diferencias entre las regiones.
La Canacintra y el IMEF coincidieron en que aprobarse la iniciativa sin modificaciones provocaría que la economía mexicana siga con bajos niveles de crecimiento económico y se pierda competitividad en el entorno internacional.